El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) propuso públicamente ayer al Consejo Económico y Social (CES) y a su presidente, Monseñor Agripino Núñez Collado, la posposición del Pacto Nacional de la Reforma del Sector Eléctrico hasta después de las próximas elecciones que se celebrarán el 15 de mayo de este año.

Basó su propuesta en que el inicio de la campaña electoral el próximo 2 de febrero, contaminará los debates de este Pacto y en el hecho de que el gobierno tiene que demostrar con gestos y acciones concretas su compromiso de respetar el consenso de los actores que participan en este diálogo y hacerse acreedor de su confianza.

Dijo que después de la concesión en secreto de un contrato para la instalación de una planta de 600 megavatios de carbón en Punta Catalina, la credibilidad en las autoridades gubernamentales, especialmente las del sector eléctrico, no existe. “En cualquier país del mundo que sea democrático y se respete la institucionalidad, un escándalo como éste hubiera forzado la renuncia del jefe de Estado que firmó la autorización para este contrato y de inmediato la destitución del responsable del sector eléctrico”, declaró.

Consideró comprensible que sectores políticos y sociales, como el Partido Revolucionario Moderno (PRM), tomen la decisión de no continuar bajo las presentes condiciones participando en el Pacto Eléctrico.

El CNLCC planteó que el gobierno debiera de aquí al reinicio de las discusiones del Pacto Eléctrico, después de los comicios de mayo próximo, entregar todas las informaciones que se les ha reclamado, y en el caso de que no las tenga, como es el caso de las auditorías de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) desde el año 2011, admita la carencia de estos importantes documentos y explique las razones o circunstancias de esta grave violación a la ley.

Añadió que también el Gobierno deberá destituir a Rubén Jiménez Bichara como vicepresidente de la CDEEE, quien ha sido la autoridad directa que ha actuado en el contrato con la empresa Pinegy Commercial Group, la sustitución del consejo directivo de la corporación estatal que refrendó este acuerdo mediante resolución y el procesamiento ante tribunales de todos los que intervinieron en este escándalo.