Washington.- La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico, Melba Acosta, trasladó hoy a los legisladores del Congreso de EE.UU. la urgencia de que permitan a Puerto Rico acogerse al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, en una audiencia celebrada en el Capitolio.
Acosta expuso ante personal que trabaja en las oficinas de los legisladores estadounidenses el plan de Puerto Rico para reestructurar su deuda de 72.000 millones de dólares, para convencerlos de la conveniencia de otorgar a la isla, que es un Estado Libre Asociado de EE.UU., competencias de autogestión financiera similares a las que detentan los Gobiernos de los estados del país.
“Estamos tocando a las puertas del Congreso de EE.UU. porque hay formas en las que nos pueden ayudar con sus poderes”, explicó a Efe la presidenta del Banco de Fomento.
El presidente de EE.UU., Barack Obama, “ya se ha expresado, al igual que el secretario del Tesoro estadounidense, Jack Lew, de la importancia de lo que estamos haciendo en Puerto Rico” y además ha pedido al Congreso que actúe, señaló Acosta.
La presidenta del BGF valoró positivamente las expresiones de apoyo a Puerto Rico de congresistas demócratas, en los que han tomado parte legisladores de Nueva York, Illinois, Arizona, Pensilvania y Florida, y senadores de Nueva York y Connecticut.
Estos actos “demuestran la preocupación que hay” en el Congreso, dijo Acosta, que agregó que con la presentación de hoy quiso hacer que los legisladores “entiendan la situación por la que Puerto Rico está pasando, que es una crisis fiscal y humana».
Se trata de un ejercicio de transparencia de las intenciones del Gobierno de Puerto Rico- “No queremos que la gente piense que estamos escondiendo nada, porque no lo estamos haciendo, la situación es tan mala como explicamos”, argumentó.
Las propuestas del Gobierno de Puerto Rico están recogidas en el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal, elaborado por el BGF, el brazo financiero del Gobierno de la isla.
“La idea es que del total de la deuda que quisiéramos reestructurar -48.000 millones de dólares- se hagan unos 26.000 millones en bonos base y la diferencia, unos 22.000 millones, en bonos de crecimiento”, detalló la presidenta del BGF.
Esta reestructuración es similar a la de Grecia, Ucrania o el estado de Detroit, en EE.UU. y se basa en que “los bonos se pagan tan pronto haya crecimiento de la economía”, añadió. El Banco de Fomento de Puerto Rico se reunió con los acreedores la semana pasada y les presentó su propuesta de los dos tipos de bono- el bono base y otro bono de crecimiento, aseguró Acosta.
La negociación aún está en su fase inicial y en el Banco de Fomento son conscientes de que va a tomar tiempo, ya que existen 11 tipos de bonos, por lo que deberán tener encuentros con cada uno de los grupos de acreedores.
“Puerto Rico tiene una cantidad de deuda que no es sostenible”, enfatizó Acosta, cuya principal preocupación en la exposición era trasladar a las oficinas de los legisladores el carácter de urgencia con el que se debe legislar sobre los poderes económicos del Gobierno de Puerto Rico.
La isla “cuenta con muy poca liquidez”, ya que “debe mucho dinero”, no solo a los acreedores, sino también a los proveedores, a los contribuyentes y a los trabajadores públicos, lo que pone en peligro servicios básicos como educación, sanidad o bomberos, recordó.
“No estamos pidiendo la condonación de la deuda, solo poderes legales para hacer un proceso de reestructuración como el que tuvieron en Detroit y evitar entrar en un proceso de demandas legales”, dijo.
Puerto Rico no puede acogerse a la Ley federal de Quiebras estadounidense, ya que dicha norma no considera a la isla como un estado más de la nación norteamericana, y la Justicia federal ha visto inconstitucional la norma que el Gobierno local aprobó para establecer su propio mecanismo de bancarrota.
Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.