El Control Social es una de las cuatro patas de la mesa del sistema de fiscalización y control establecido por la Constitución de la República, junto al Control Interno ejercido por la Contraloría General de la República, el Control Externo, por la Cámara de Cuentas de la República y el Control Legislativo, por el Congreso Nacional. Todos están relacionados entre sí.
De los cuatro, el Social (ejercido por la sociedad civil organizada) es el que está llamado a ejercer un control más efectivo y oportuno, pues los distintos segmentos que lo conforman están constantemente monitoreando y ejerciendo el papel de veedores en cuanto al manejo y destino que se le dan a los recursos públicos.
La forma de su accionar es a través de la observación, investigación y formulación de denuncias ante los demás órganos de control. El papel que debe desempeñar es el de constituirse en vigilante y guardián permanente de los recursos públicos, pues este tiene el legítimo derecho de velar para que estos, que provienen de los tributos que paga la ciudadanía, sean administrados adecuadamente.
Afortunadamente, a pesar de la debilidad institucional que venimos padeciendo, de la ausencia de una cultura de rendición de cuentas y a la no aplicación de un régimen de consecuencias, muchas acciones dolosas y usos indebidos de los recursos públicos, de los tantos que se dan en las instituciones públicas y municipales, no se dieran a conocer si no fuera por la labor que éste ejerce. De ahí la importancia y la necesidad de que los demás órganos de control cuenten con el apoyo y colaboración de este sistema de veeduría.
Todo esto a pesar de que muchas veces desconoce el derecho que tiene a ejercer dicho control; de no contar con los conocimientos técnicos requeridos ni con los recursos materiales que le permitan realizar una mejor labor.
La mayoría de los que detentan funciones públicas, no ven con muy buenos ojos la labor de veeduría ejercida por la sociedad organizada. De ahí que, en ocasiones, tratan de obstaculizar su labor y hasta de satanizarlo. Contrario a ello, en procura de una mayor transparencia y eficiencia en la gestión de la cosa pública, considero que debemos propiciar el fortalecimiento de este tipo de control.
Por igual, los demás órganos de control deben coadyuvar en la creación de conciencia y conocimiento para que se disponga cada día de una sociedad civil organizada, más empoderada y consciente de su rol. Así, las complejas labores de fiscalización que cada uno debe realizar por separado, se le haría mucho más fácil.
En ese sentido, la Cámara de Cuentas de la República ha establecido e instalado un canal donde la ciudadanía puede canalizar y tramitar sus denuncias de fraudes, compras y contrataciones públicas irregulares, colusión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y de cualesquiera otros actos de corrupción administrativa que puedan propiciarse en el país.
Cada vez más este control tiende a fortalecerse en todo el mundo, dada la dimensión globalizante de la corrupción, tanto pública como privada, la cual debe ser enfrentada tomando en cuenta a la sociedad civil, que es a quien le corresponde saber cómo, cuándo, dónde y en qué se invierten los recursos provenientes de los impuestos de los contribuyentes, a los que se les debe rendir cuentas sobre su ejecución.
A los gobernantes es a quienes más les conviene la existencia de una sociedad bien organizada, empoderada y que cumpla con su rol, pues de esta manera los recursos estarán mejor vigilados y la ejecución presupuestaria estaría garantizada en todas las instituciones públicas, lo que significa más y mejor: salud, educación, agua potable, energía, seguridad social y ciudadana, administración de justicia, carreteras, viviendas, transporte, entre otros.
La sociedad está huérfana de informaciones y observa cómo muchas instituciones públicas desvían los recursos en cosas improductivas, alejadas de los objetivos para las que fueron creadas, mientras el país mantiene una deuda social acumulada, una deuda externa que consume casi la mitad del Presupuesto gubernamental.
A los que ponen en dudas el poder que tiene este control, que se miren en el espejo de países como Guatemala, Brasil Chile, pero sobre todo en el del primero, que sin tirar una piedra, tanto el ex Presidente como la ex Vice Presidenta de la República, por un uso indebido de los recursos públicos, hoy guardan prisión, precisamente por la labor que realizó el Control Social y nadie más.