Arquímedes S. Santiago

La revisión del DR-Cafta ordenada por el presidente Danilo Medina está revestida de una preocupación genuina y complace los deseos de los sectores ligados a la agropecuaria que se ven afectados por la apertura total del mercado local a las importaciones de ciertos rubros considerados como de alta sensibilidad socioeconómica. Esto es, arroz, leche, carne de cerdo, carne de pollo, azúcar, frijoles, ajo y cebollas.
El Decreto 260-16 despertó el júbilo inmediato de las agrupaciones que aglutinan la parte formal de los productores del sector agropecuario, y se expresó con amplios espacios pagados en todos los medios informativos. La vulnerabilidad para uno de los sectores que genera mayor cantidad de empleos en los niveles más pobres y de menor escolaridad del país es alta. Sin embargo, la expectativa que se ha generado no responde a las posibilidades materiales e inmediatas de la República Dominicana.

En primer lugar, ninguno de los países miembros del DR-Cafta puede hacer modificaciones de manera unilateral. Cualquier variación a los términos convenidos precisa del consenso de las partes, de una posible renegociación, y de la consiguiente aprobación de las instancias congresuales. Es un escenario muy poco probable si se toma en cuenta que en el caso de los Estados Unidos no existen tales precedentes.

Ninguno de los países miembros del DR-Cafta podría, por ejemplo, congelar las cuotas de importaciones negociadas o detener el proceso de desmonte de los aranceles, sin que las demás partes lo aprueben. Hacerlo, no solo sería una violación del Acuerdo, sino que equivaldría a una especie de “DRCAFTAEXIT” para el miembro que lo hiciere.

Quienes sugieren que bastaría con negociar de manera bilateral con los Estados Unidos un escenario para detener en los umbrales actuales las cuotas y las tasas arancelarias de los productos sensibles, cometen un grave error de visión.
Los elementos esenciales del DR-Cafta tienen el carácter de la multilateralidad, y nada se podrá cambiar sin que afecte positiva o negativamente a los demás miembros.

En el caso particular de los bienes del sector agropecuario, el DR-Cafta define las reglas que se deben seguir cuando uno de los miembros pretenda variar lo pactado. En esencia, en los artículos 3.18 y 3.19, se establece, entre otros aspectos ineludibles, que habría que convocar la Comisión de Revisión Agrícola e iniciar un proceso que podría tomar años, sin que haya garantías de un final feliz.

La balanza comercial de todos los miembros del DR-Cafta es positiva con respecto a la República Dominicana. Así las cosas, resulta poco probable que alguno de ellos se anime a iniciar una revisión que los conduciría a pagar más impuestos por sus exportaciones hacia el mercado dominicano. Fuentes acreditadas aseguran que autoridades del más alto nivel de algunos de los países miembros ya han manifestado su oposición a la posibilidad de revisión.

Por otro lado, dudo que el gobierno del empresario Donal Trump se quiera distraer en la revisión de un acuerdo que, además de que ha sido y es altamente beneficioso para su país, representa solo dos o tres miles de millones de dólares que no hacen diferencia para esa gran economía. Y, ante la agresiva retórica del ahora presidente del gran mercado norteamericano, respecto a hacer retornar la actividad industrial a territorio norteamericano, luce que el movimiento ha de hacerse con sumo cuidado, no vaya a ser cosa que, por ejemplo, se arriesguen algunas inversiones en ciertos sectores como el de las zonas francas industriales.

Las posibilidades de doblar el curso del DR-Cafta no parecen prometedoras de cara al futuro cercano. Los plazos que se otorgaron al país para hacer los ajustes que se consideran necesarios en el sector agropecuario, toman la recta final a partir de este año y hasta el 2025. Las salvaguardias agrícolas especiales que se incluyeron para prolongar la protección de los productos sensibles más allá de la desaparición de las tasas arancelarias de nación más favorecida (NMF) llevan el curso de su desmonte gradual y total.

La otra realidad de la que se debe partir para construir un camino seguro en el caso del sector agrícola nacional es la de que varios productos locales no están en condiciones de competir con bienes similares importados, aun cuando se aplican de manera conjunta las tasas arancelarias NMF y las de salvaguardias especiales establecidas en el DR-Cafta y en la Rectificación Técnica de la Organización Mundial del Comercio.
Es el caso del ajo, para citar un ejemplo. La situación va más allá de si el país de origen subsidia o no la producción de ciertos bienes.

Finalmente, un aspecto a señalar es que la iniciativa de revisión no toma en cuenta a los consumidores. A la hora de plantear la modificación de un acuerdo en plena aplicación como es el caso del DR-Cafta, es saludable que se abra un marco de discusión más amplio que tome en cuenta a todos los actores envueltos. Hay que establecer en qué se perjudicaría o beneficiaría al consumidor final.
La República Dominicana, como ningún país del mundo, debe comprometer la seguridad alimenticia de sus ciudadanos; pero así como la globalización o regionalización de los mercados favorece que los ciudadanos tengan acceso a una mayor cantidad de productos y a mejores precios, también genera el escenario ineludible de ser competitivo a riesgo de desaparecer. Eso es parte de lo que trajo la adhesión al DRCAFTA.

• Arquímedes S. Santiago, es experto aduanero y en comercio internacional, con amplio historial local e internacional.