Flor Batista Polo
Investigadora del OPD-Funglode
Los periódicos impresos y digitales de República Dominicana registraron durante el primer semestre del año 65 feminicidios, de los cuales 54 fueron íntimos. La cifra refleja que se mantiene en auge la cantidad de mujeres que mueren a manos de hombres cada año, hecho que se ha convertido en uno de los principales problemas socioeconómicos del país.
A pesar de los esfuerzos y políticas públicas implementadas, los registros de estos casos muestran una tendencia ascendente que provoca que República Dominicana permanezca desde hace varios años en uno de los primeros cinco lugares de los países latinoamericanos con mayor número de feminicidios y mayor tasa de incidencia.
El fenómeno de feminicidio en el país se trata mediante programas y campañas, con la intención de disminuir o erradicar estos casos; sin embargo, es evidente la ausencia de normativas jurídicas y políticas públicas específicas y eficaces. En los últimos cuatro años se sometieron al Congreso Nacional dos leyes que abordan el tema: la primera, Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia, (aprobada en el Senado y aún no ha sido promulgado por el Poder Ejecutivo), es una normativa para la implementación y regulación de las políticas públicas dirigidas a combatir la violencia contra la mujer en la que se detallan los casos o situaciones en los que una muerte se considera como un feminicidio. También incluye las responsabilidades del Estado, las instituciones públicas, los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil ante esta problemática.
El Código Penal, Ley 550-14 (Declarado inconstitucional por no cumplir con el debido procedimiento en el Congreso Nacional) es la segunda normativa, cuyo artículo 100 trata únicamente los feminicidios íntimos y excluye toda la tipología de este fenómeno. Esta misma inconsistencia en las normativas existentes y en formación, permite que se mantenga el aumento de los feminicidios y la desprotección de las mujeres, en este sentido.
De acuerdo con el monitoreo realizado en estos casos, 54 de los 65 feminicidios registrados en el país durante el primer semestre de 2016, fueron feminicidios íntimos y el 83 % de los casos fueron cometidos por hombres que asesinaron a sus esposas, concubinas, exconcubinas, exesposas o exnovias. En segundo lugar, se cuentan los cometidos por conocidos con cinco (8 %), seguidos por los perpetrados por familiares con cuatro (6 %); finalmente se encuentran aquellos cometidos por extraños o desconocidos con dos casos (3 %).
Solo en 13 de los casos hay información sobre el historial violento del victimario hacia la víctima: en el 57 % de los casos la víctima estaba separada del victimario (28) y los motivos principales del suceso fueron los celos y la negativa de la víctima a retomar la relación (37 de los 65 casos).

Al desagregar los datos en función de los meses, se advierte que junio ocupa el primer lugar, con 16 casos registrados, seguido de enero con 13; marzo y mayo con 11 casos cada uno, febrero con ocho y abril con seis. En términos territoriales, el mayor número de casos se concentró en Santiago (12 feminicidios) y Santo Domingo (10). La Vega, San Cristóbal y Duarte presentaron cuatro casos cada una.
Tipos de armas. En estudios anteriores realizados sobre el feminicidio, se estableció que las armas blancas eran las más utilizadas para cometer estos crímenes; sin embargo, estas pasaron a segundo lugar desde el año 2006, al ser desplazadas por las de fuego. (Pola, 2008). Hecho que se evidencia diez años más tarde en la sostenibilidad de las cifras de mujeres asesinadas por armas de fuego: 43 %. Uno de los factores que explican este incremento es, quizás, la falta de regulación en torno a la adquisición de armas de fuego, así como las sanciones y el descontrol sobre ellas.
El 42.8 % de las armas de fuego empleadas en los feminicidios registrados era ilegal, sin ningún tipo de documentación o permiso para portarlas; el 28.6 % eran armas de reglamento de militares o seguridad de empresas privadas. Mientras que las armas sobre las que no se encontró ningún tipo de información o disponían de permiso para portarlas sumaron el 28.6 por ciento.

Las armas blancas ocuparon el segundo lugar, con 35 %. En este renglón se advierte que el 13 % fue cometido por nacionales haitianos hacia mujeres de la misma nacionalidad. La categoría denominada armas corporales se refiere a aquellas cuya causa de muerte fueron golpes o estrangulamiento (17 %), mientras que otros contienen aquellas muertes producto de incendios provocados (5 %).
Tasa de incidencia. Para el primer semestre de 2015, la tasa de incidencia de los feminicidios culminó en 0.9. Mientras que en el mismo período de 2016 lo hizo con 1.4, valor muy cercano a la tasa de incidencia anual de feminicidios de 2015: 1.5, hecho que destaca el aumento de este fenómeno en el país.
Mujeres jóvenes, el blanco más común. Las investigaciones y el constante monitoreo en torno al feminicidio plantean que no existe una edad en la que las mujeres se encuentren a salvo de este fenómeno. Durante el período observado, la edad de las víctimas se encontró entre los 15 y los 69 años, mientras que la de los victimarios varió desde los 18 hasta los 69. En consecuencia, la edad promedio para las víctimas fue 31 años y para los agresores, 37.
Edad de las víctimas. Las edades de las víctimas de feminicidios se concentran entre los 15 y 25 (23) y, 26 y 36 años (25), para un total de 48 mujeres. Respecto a los agresores, estos se agruparon, mayormente, en los rangos de 26-36 (17) y 37-47 (18), para un total de 35. De los victimarios, 10 casos no registraron las edades. Esta data permite concluir que el grupo etario más vulnerable de las víctimas se coloca entre los 18 y 36 años de edad.
En definitiva, lo que queda claro es que la cantidad de mujeres que pierden la vida por este tipo de violencia aumenta cada día y que, efectivamente, son las mujeres más jóvenes las más vulnerables y afectadas por este fenómeno. Esto evidencia las deficiencias de las políticas y campañas establecidas en el país que buscan disminuir o erradicar los feminicidios.

Es oportuno precisar que los feminicidios constituyen uno de los principales problemas socioeconómicos del país, por lo que se hace necesario disminuir las desigualdades y fortalecer las medidas contra la violencia de género. Así como resolver las inconsistencias en las normativas existentes y en formación, en torno a los casos en que una muerte se considera como un feminicidio. De lo contrario, el país continuará en los primeros lugares de la región en relación con este problema.

La Unidad de Sociedad Civil (USC) del Observatorio Político Dominicano (OPD), una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), monitorea los feminicidios ocurridos en las distintas comunidades del país, mediante el seguimiento, recolección y sistematización de los casos publicados en los medios de comunicación impresos y digitales.