Resulta estimulante que además del natural y justificado entusiasmo generado por la marcha del pasado 22 de enero, diversos sectores de la oposición en sus diferentes espacios expresen su determinación de darle continuidad a ese evento, convencidos de que la lucha contra la corrupción y la impunidad debe desarrollarse tanto en el plano legal como el político. De esa manera se recoge la esencia del reclamo de los participantes en esa marcha: la acción de la justicia contra los implicados en los diversos casos de corrupción y una política que sea capaz de sacar del poder al grupo que actualmente lo detenta. Articular esos dos ámbitos de la lucha es el gran reto para poder dar efectiva continuidad a la lucha contra ese grupo.
El atraso que tiene el aparato judicial del país en relación a otros países en cuanto a identificación de los culpables de los sobornos de la Odebrecht, no hay que buscarlo en la supuesta incompetencia de quienes están al frente del referido aparato, sino en que aquí los sobornos a los sectores políticos y empresariales forman parte de un entramado de acciones ilegales de corte mafioso/político que sirve de sostén a la estructura de poder del actual gobierno y del partido que lo sustenta. En tal sentido, si se va al fondo del problema, si se rompe ese entramado, llevando a los tribunales a los principales beneficiarios de los sobornos la Odebrecht, en este caso, se estaría rompiendo los pilares en que se sostiene el régimen.
La conciencia de esa circunstancia, determina que muchos digan que la acción de la justicia dominicana a lo más que llegaría es al apresamiento de uno que otro chivo expiatorio y no tocar los principales responsables del entramado arriba referido. Sin embargo, el caso de los sobornos, que es la mayor preocupación del Presidente, cliente del jefe de la orquesta de sobornos de la Odebrecht, del partido oficial y de los principales dirigentes de ese partido tiene dimensiones internacionales y si es verdad que la justicia brasileña hará de público conocimiento la lista de quienes dieron y recibieron los pagos, el impacto que esto pudiera tener sobre el sistema de justicia de este país podría tener la fuerza de un tsunami.
Pero esa variable internacional no la controla la oposición, la que esta puede controlar es la política, para aprovechar la presente coyuntura anti corrupción y particularmente contra la empresa Odebrecht en varios países, a pesar del trumpismo, para poner más claro ante los ojos de un mayor número de sectores populares el daño que producen a la economía en general y personal, la corrupción y la impunidad, para poder integrarlos a la lucha política. Eso es clave para poder construir un bloque político social y un proyecto de sociedad como alternativa al régimen actual; en una coyuntura de la que el gobierno y su partido podrían salir significativamente debilitados al faltarles los recursos obtenidos con los sobornos de la Odebrecht para sostener el ritmo de construcción de obras como base de sustentación de su poder y de enriquecimiento personal.
Darle seguimiento a la marcha de enero en esa perspectiva, es hacer que su continuidad tenga sentido.