Loyda Peña 
Fachada del Tribunal Constitucional del Distrito Nacional. El país/ Hoy Aracelis Mena 01/04/2013
El Tribunal Constitucional anuló una Resolución mediante la cual la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inadmisible un recurso de casación interpuesto por la Coordinadora de la Defensoría Pública, Mareline Tejera Suero, contra una condena que le fue impuesta por negarse a designarle un defensor a un acusado de supuestamente violar la ley de cheques.
De acuerdo con el expediente, Tejera Suero le negó el requerimiento a la magistrada de la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo, en virtud de la Instrucción General número 01-2014 del Consejo Nacional de la defensa Pública, que limita ese servicio.
Ante esa primera negativa, la magistrada declaró inconstitucional, por control difuso, la referida instrucción general, y ordenó nuevamente a Tejera Suero la designación inmediata de un defensor público al ciudadano Rolando Antonio Liz, para que lo asista en sus medios de defensa.
La Coordinadora de la Defensoría Pública volvió a rechazarle el pedimento, y entonces la jueza procedió a condenarla “por litigación desleal y dilatoria” a una multa ascendente a 15 días de salarios base de un juez de primera instancia.
Dos intentos fallidos. Tejera Suero apeló dicha sentencia por ante la Cámara Penal de la misma jurisdicción, y esta declaró su recurso inadmisible; la recurrió en casación ante la SCJ, y allí corrió la misma suerte.
A la tercera es la vencida. En febrero del 2016 Tejera Suero elevó un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional ante el TC, quien tras admitirlo, lo acogió en cuanto al fondo.
En consecuencia, la alta corte anuló la Resolución de marras y ordenó el envío del expediente a la SCJ “para que se cumpla la preceptiva establecida en el numeral 10 del artículo 54 de la Ley número 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales”.
