Montevideo. Mayor control aduanero y estrecha cooperación internacional son las principales medidas que establece el protocolo internacional para la Eliminación del Comercio Ilícito de los productos de Tabaco, al que se ha sumado Uruguay para combatir el contrabando, informaron hoy autoridades gubernamentales.

Así, Uruguay se convierte en el sexto país, de los 50 firmantes, en incorporar este texto internacional a su legislación, que fue aprobado durante la V Conferencia de las Partes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebrado en Corea del Sur en 2012.

“En la medida en la que se vayan incorporando países abre las posibilidades de seguimiento a las cadenas de suministro e intercambio de información”, afirmó el director nacional de Aduana de Uruguay, Enrique Canon, durante su participación en el acto de presentación de esta legislación.

El objetivo de este protocolo “es eliminar toda forma de comercio ilícito”, en respuesta a su “creciente volumen en los últimos años» en el país, incidió el director del Programa Nacional de Control de Tabaco, Winston Abascal. Se establecerá la obligación de tener licencias a los que trabajen, informen, exporten o produzcan elementos de fabricación con productos de tabaco y más adelante también a los medios de transporte, informó.

Además, añadió que se desarrollarán medidas de seguridad para restringir la venta por internet y la libre de impuestos que se lleva a cabo en las zonas francas de Uruguay.

Las sanciones a los infractores se impondrán de acuerdo con la legislación interna de cada país, mientras que la cooperación entre las naciones firmantes será de orden informativo. Este protocolo es “un instrumento para compartir información entre los países y tomar medidas conjuntas”, explicó la ministra uruguaya de Salud Pública, Susana Muñiz, quien añadió que en Uruguay el contrabando de tabaco proviene principalmente desde Paraguay, a través de las fronteras argentinas y brasileñas.

Muñiz insistió en el importante perjuicio económico que supone el comercio ilícito de productos del tabaco y su peligro sanitario, al no estar oficialmente regulado su contenido. Uruguay cuenta con una estricta legislación antitabaco que prohíbe su publicidad, promoción y patrocinio en el país, así como el consumo de cigarrillos en oficinas, bares, restaurantes y lugares cerrados.

Estas medidas sanitarias aprobadas durante el Gobierno del expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010) produjeron la primera demanda contra el Estado por parte de una empresa tabacalera, interpuesta en 2010 por la poderosa Philip Morris, con el argumento de que esta legislación viola sus derechos comerciales.

“Por mucho que las tabacaleras ganaran el litigio, Uruguay no va a dar marcha atrás con todas las medidas. En realidad es mucho más caro que la gente se enferme y se muera precozmente que pagar un litigio”, estableció la ministra uruguaya, quien dijo que “siguen apostando” por las políticas antitabaco. EFE