Llennis Jiménez 
El Movimiento Marcha Verde calificó de un primer paso las 14 órdenes de arresto que emitió la Procuraduría General de la República para someter a los tribunales a funcionarios, exfuncionarios y legisladores dominicanos acusados de corrupción en el caso Odebrecht, pero advirtió que habrá impunidad “si no se incluye a los responsables de licitar la termoeléctrica de Punta Catalina, que construye el actual Gobierno, y a los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía, y al presidente Danilo Medina.
Los integrantes de la Marcha Verde se declaran en lucha permanente para que también se incluya en el expediente acusatorio a los funcionarios del presidente Danilo Medina que adjudicaron las plantas de carbón de Punta Catalina, y al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y a los expresidentes del Senado Cristina Lizardo, y de la Cámara de Diputados, Abel Martínez.
Exigen que los legisladores y ministros sean despojados del fuero especial, para que sean procesados en la jurisdicción ordinaria de los tribunales de la República, no en la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La Marcha Verde realizó ayer su primera manifestación en el parque Independencia, en cuanto conoció los nombres de los imputados, con proclamas de “¡corruptos a la cárcel!”.
Mary Cantisano, integrante de la Marcha, dijo al procurador general, Jean Alain Rodríguez, que los 14 sometidos no son todos los que están en la lista de los acusados de participar en soborno y sobrevaluación de obras del Estado entregadas a Odebrecht para que las construya.
“Evidentemente que falta gente por someter, porque cuando se destapa este escándalo es en el Gobierno de Danilo Medina, el responsable de Punta Catalina es Danilo Medina, del Gobierno no hay nadie sometido, a quien le fue financiada una campaña electoral fue a Danilo Medina, ¿dónde están los funcionarios de Danilo Medina, y Punta Catalina?, cuando la confesión de los sobornos en el país incluye desde el 2001 hasta el 2014”.
La socióloga sostuvo que sin Medina y los demás acusados de integrar la lista de los dominicanos en el caso Odebrecht, “hay impunidad, y lo que queda evidenciado es que han corrompido una sociedad tan buena como la dominicana”. Criticó que solo se persiga a los funcionarios y ministros de Leonel Fernández.
Demandó que se incluya a los funcionarios que actuaron en el escándalo de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
El sociólogo Manuel Robles, activista de Marcha Verde, expresó que no pararán hasta que todos los recursos robados al pueblo dominicano sean devueltos e invertidos en las necesidades de la gente.
Pide procesar empresas. Robles proclamó que deben ser investigados y sometidos a la Justicia los ejecutivos representantes de empresas que participaron con la firma brasileña Odebrecht, por ser cómplices de las sobrevaluaciones de las obras. “No estamos conformes, creemos que estos sometimientos son el resultado de la lucha de la ciudadanía en las calles, de exigir justicia”.
Pidió a los ciudadanos continuar exigiendo justicia plena, porque el avance es insuficiente. No confían en lo absoluto en el procurador Rodríguez, porque dio cabida al proceso de negociación del Ministerio Público con Odebrecht, confesa del ilícito penal.
El dirigente Fernando Peña dijo que el grave error del Gobierno, vía Procuraduría, fue acelerar un proceso de sometimiento para intentar aplacar a la población, sin llevar a todos los responsables a los tribunales.
Afirmó que el propósito es facilitar el escape de la mayoría de los culpables del caso Odebrecht.
Peña exige que sean inhabilitados los legisladores. Dijo que el proceso busca blindar las plantas de Punta Catalina y que por eso quieren acelerar el Pacto Eléctrico, sin condiciones.
Asegura que esto solo profundiza la crisis interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyo Comité Político dice que para controlarlo, le habría costado a Medina US$50 millones.
