Caracas.-El gobierno de Nicolás Maduro condenó las sanciones adoptadas este lunes por la Unión Europea contra siete altos funcionarios venezolanos, señalando que representan un «golpe al diálogo» que mantiene con la oposición en República Dominicana.

«La élite que gobierna la Unión Europea obedeció los designios que le diera la administración de (el presidente de Estados Unidos) Donald Trump de agredir la patria y atacar la mesa de diálogo (…) Es un golpe al diálogo», dijo el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en un mensaje de televisión.

Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno en las negociaciones, aseguró que la oposición no ha firmado un acuerdo porque sabía de las sanciones contra los funcionarios, acusados del «deterioro» de la situación en Venezuela y a quienes se les prohibió viajar a los países de la Unión Europea.

«Vayan preparando las sanciones porque viene más democracia (…) las elecciones que vamos a realizar en este año 2018», añadió, en referencia a las presidenciales de este año, cuyas garantías son el tema álgido de las conversaciones.

Antes, la Cancillería señaló en un comunicado que las sanciones demostraban la «notable subordinación» de la Unión Europea «ante el gobierno supremacista y racista de Donald Trump».

«Esta conducta obsesiva hacia Venezuela arrastra a la Unión Europea a infringir sus propios principios fundacionales, convirtiéndose en instrumento al servicio de las pretensiones imperialistas del gobierno estadounidense», añade el texto.

El gobierno de Trump, al igual que el de Canadá, ha sancionado a Maduro y a varios de sus funcionarios. Washington, además, prohibió a sus ciudadanos transar nuevos bonos de deuda de Venezuela y su estatal petrolera PDVSA.

La Unión Europea sancionó al ministro de Interior, Néstor Reverol; al número dos del chavismo, el constituyente Diosdado Cabello, y a la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena.

En la lista también figuran Maikel Moreno, presidente de la corte suprema; Tarek William Saab, fiscal general; Gustavo González López, jefe del servicio de inteligencia; y Antonio Benavides, excomandante de la militar Guardia Nacional.

El bloque los señala por «menoscabar la democracia y el Estado de derecho», «graves violaciones de los derechos humanos» y reducir las competencias del Parlamento, de mayoría opositora.

Se trata las primeras sanciones individuales adoptadas por la Unión Europea contra funcionarios venezolanos. Sin embargo, aprobó en noviembre un embargo de armas y de material susceptible de usarse para la «represión interna».

La última reunión entre el gobierno y oposición para intentar superar la crisis del país petrolero estaba fijada para el jueves pasado en Santo Domingo, pero la oposición se marginó por la ausencia de los cancilleres de Chile y México, sus facilitadores invitados. Aún no hay fecha de una nueva cita.