El colectivo Marcha Verde sugirió hoy al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, hacer cumplir el acuerdo en el Odebrecht se comprometió a facilitar las pruebas para identificar a los funcionarios corruptos, «o, de lo contrario, dar por terminado el convenido que hasta el momento solo le ha garantizado impunidad a la constructora y sus funcionarios».

El movimiento hizo estos señalamientos al presentar las fuentes de investigación que, a su juicio, el Ministerio Público debe consultar en estos cuatro meses de plazo para garantizar sanciones ejemplares a los políticos y empresarios comprometidos con las prácticas de soborno, sobrevaluación y financiamiento ilegal de campañas electorales.

Precisó que citan estos puntos ante «la evidente decisión del procurador general de la República, de evadir por ocho meses sus responsabilidades constitucionales en la persecución de los delitos» relacionados a la multinacional brasileña.

Indicó que el Ministerio Público debe explicar al país si los documentos recibidos de la Justicia brasileña presentan o no la lista de los sobornados que tantas veces se prometió, y que fue objeto y justificación del «pacto de impunidad» suscrito y homologado con la Odebrecht.

El movimiento resaltó que al tomar en cuenta que el esquema de Odebrecht incluye sobrevaluación de Obras en toda América Latina, considera que el Procurador no puede presentarse de nuevo a la corte sin hacer una auditoría técnica forense a las obras construidas por la empresa desde el 2001 a la fecha, incluyendo el proceso de licitación y construcción de las plantas eléctricas a carbón de Punta Catalina.

No investiga. El colectivo manifestó que la investigación nunca servirá para aplicar justicia por el robo de los bienes comunes del pueblo dominicano si el Ministerio Público no investiga, paso a paso, la ruta del dinero que, según el entonces ministro y miembro del Comité Político Juan Temístocles Montás, Odebrecht le entregó para financiar ilegalmente campañas electorales de Leonel Fernández y Danilo Medina en la región Sur.

“La investigación del caso Odebrecht no estará completa si no se investiga la relación del presidente Danilo Medina con el delincuente internacional Joao Santana, responsable de triangular y lavar dinero para la empresa en varios países del mundo”, declaró Marcha Verde mediante rueda de prensa realizada frente a las oficinas de la Procuraduría.

Establece que la acusación que presente el Ministerio Público antes del 9 de junio del 2018 y el inicio de otros casos de persecución penal, debe incluir a todos los sobornados desde el 2001 al 2014, y no solo los actuales encartados.

Los activistas agregaron que los fiscales tienen la obligación de presentar con claridad el número de cuentas bancarias donde fueron a parar los sobornos dados por Odebrecht, además de pruebas de documentación fehaciente sobre la ruta del dinero y los instrumentos financieros usados y los intermediarios.

Además, la identificación de las obras que resultaron adjudicadas como consecuencia de los sobornos pagados y la identificaron las personas físicas o jurídicas que facilitaron y/o coadyuvaron a entregar sobornos.

Puntualizaron que en los próximos meses tiene que identificarse el monto de los sobornos entregados y el mecanismo financiero utilizado para hacerlos llegar a los sobornados, intermediarios o personas interpósitas, además de explicar cómo Odebrecht va a resarcir los daños materiales y morales causados a la República Dominicana no contemplados en la multa.