Bogotá.-Un tribunal supremo de justicia venezolano paralelo pidió desde Bogotá la captura del presidente Nicolás Maduro por presuntos vínculos con el escándalo de corrupción de Odebrecht.

«Esta sala del Tribunal Supremo de Justicia declara procedente la solicitud a la medida cautelar de privación de libertad contra el presidente Nicolás Maduro», señala el fallo leído el lunes por los magistrados en Bogotá.

Los jueces se exiliaron en Colombia, Panamá, Chile y Estados Unidos, alegando persecución política, tras ser juramentados en julio de 2017 por el Parlamento venezolano de mayoría opositora.

Maduro amenazó con encarcelarlos por «usurpadores» y tres de ellos llegaron a ser detenidos. Acusado de servir a Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró al Parlamento en desacato y anula sistemáticamente sus decisiones. Aun cuando sus resoluciones no son acatadas por el gobierno ni otros poderes del Estado venezolano, el llamado tribunal en el exilio sesiona virtualmente desde las ciudades donde están exiliados.

El fiscal general venezolano y líder oficialista, Tarek William Saab, tildó el lunes la medida como una «acción bufa, delictiva», y un «acto circense» que humilla el ejercicio del derecho.

Saab reiteró que en Venezuela solo hay un Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de sus funciones, y recordó que su despacho solicitó a Interpol una orden de captura contra quienes llamó «mercenarios» en una causa por «traición a la patria» abierta el 26 de octubre.

La corte paralela pidió igualmente desde Bogotá que Interpol sea notificada de su decisión «para proceder con la captura de Nicolás Maduro».

Los jueces acogieron un pedido contra el mandatario presentado por la fiscal Luisa Ortega, quien huyó en agosto de 2017 al ser destituida por la oficialista Asamblea Constituyente que rige en Venezuela con poderes absolutos.

Durante una sesión en un salón del Congreso colombiano, Ortega, que huyó de Venezuela en agosto de 2017, presentó pruebas que según ella demostrarían que la campaña de Maduro en 2013 recibió dinero de la constructora brasileña Odebrecht, y pidió acusarlo de delitos de «corrupción propia y legitimación de capitales».

El tribunal paralelo es considerado el único legítimo por la oposición venezolana y reconocido por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien saludó la decisión el lunes. «Los responsables de la crisis humanitaria, política, social y económica en Venezuela deben rendir cuentas», escribió Almagro en Twitter.