Por: Patricia Solando y Juan Miguel Pérez
En la pasada campaña electoral, en ciudades y secciones del país, los hijos, las parejas, los hermanos y hasta nietos de jerarcas políticos heredaron candidaturas triunfantes por solo tener linaje cercano a la dirección de los partidos. Las designaciones en puestos nombrados por el Poder Ejecutivo hablan de apellidos que se repiten en embajadas, ministerios y en direcciones de instituciones descentralizadas del Estado dominicano.

Una especie de monarquía social se ha instalado desde hace décadas en el Estado y en la política nacional, cerrándole el paso a la administración pública y al propio ejercicio político a una mayoría de aquellos y aquellas que no tienen parentesco ni contubernios con las élites dirigentes del país.

Esa reproducción de clanes familiares en la política nacional es otro de los nefastos legados del trujillismo a la cultura política dominicana. Trujillo no tuvo reparos para darle poder y rangos militares a sus hijos; de hecho, Ramfis fue ascendido al rango de general con cinco años de edad. Es de conocimiento público, sobre todo en el estamento militar, que todavía hoy, los apellidos juegan un rol crucial en el ascenso de rango en los cuarteles y en la reproducción de verdaderas dinastías militares. Todo en detrimento de quienes no ostentan esa condición “hereditaria”. En el plano político ocurre igual y hasta peor.

Leer más: 1961: El año de la libertad: Fuerzas Armadas y la Policía

El Estado dominicano parece un gran testamento que unas cuantas familias se transfieren de generación en generación, en muchos casos haciendo uso no solo de la jerarquía de sus ancestros en organizaciones partidarias, sino también de recursos públicos obtenidos de sus progenitores o mentores en política.

Así era la dictadura trujillista; los hermanos Petán y Negro tenían rango y mando y actuaban a su antojo contra el interés general y el bien común. María Martínez y Julia Molina eran figuras “notables” en aquella reunión familiar que gobernaba al país. Mientras el pueblo dominicano padecía de grandes calamidades, Ramfis, Angelita y Radhamés acumulaban fortunas privadas; los recursos públicos malversados se iban en fiestas y en culto a la personalidad.
Con otros nombres, las prácticas son las mismas hoy.

Desde el 1966, en todos los gobiernos que han pasado por el Palacio Nacional, la impronta de la familia y del “enllave” ha marcado el “mérito” principal para acceder a los puestos de dirección del Estado. Con mayor o menor alcance, el esquema “pulpo” que estableció la dictadura se normalizó en la política dominicana, y se enquistó en las cúpulas partidarias. Hoy, a pesar de los procesos judiciales que cuestionan el nepotismo, la práctica sigue, ya sea con curules, puestos en el gabinete, pensiones multimillonarias, candidaturas, en fin: vivir del Estado, “per saecula saeculorum”.

Los beneficiarios parecen ajenos al escozor que esta sociedad de privilegiados produce en la inmensa mayoría de dominicanos que sobrevive con muy poco, a pesar de que el fin de esa República injusta y de fin de la impunidad fueron la esencia del mandato popular del año 2020.