1961: el año de la libertad la memoria histórica como política de Estado

1961: el año de la libertad la memoria histórica como política de Estado

La memoria histórica de un pueblo es esencialmente la historia de sus luchas contra los autoritarismos. De su promoción y posicionamiento en la conciencia ciudadana depende la educación en democracia de los habitantes de una nación. Son los conocimientos del pasado los pilares para que cualquier conciencia individual pueda tejer su espíritu crítico ante el orden social en el que vive, y ante el poder político que lo gobierna.

Por: Patricia Solano y Juan Miguel Pérez
En República Dominicana, la memoria histórica fue la primera víctima de la transición truncada que vivimos los dominicanos luego del fin de la dictadura de Trujillo en 1961.

Con la interrupción del orden constitucional, primero con el golpe a Bosch, y luego con la ocupación militar estadounidense y la imposición conservadora de Joaquín Balaguer como presidente en 1966, la memoria histórica del pueblo dominicano fue quirúrgicamente intervenida, omitiendo de su inventario todos aquellos procesos de rebeldía que, de forma personal u organizada en gestas y movimientos, durante 31 años resistieron los abusos del trujillismo.

Con la salida de Balaguer del poder político, se produjo un cierto deshielo de esa memoria secuestrada, y comenzó a aparecer reconocimiento oficial para los nombres de los mártires que ofrendaron su vida contra el trujillismo.

Pero el mensaje quedó trunco muchas veces por la ambigüedad en su emisión o las condiciones de su recepción: sea por insuficiencia de promoción; otras veces por incoherencia entre el homenaje a las gestas democráticas del pasado y las acciones presentes no-democráticas del gobernante de turno. En otras ocasiones, el propio Estado era promotor de acciones que enaltecían a los verdugos de ayer. Todo eso fue producto de la impunidad de la que gozaron los crímenes y los criminales del pasado.

1961: el año de la libertad ha sido una campaña nacional de Estado, bajo los auspicios de la Presidencia de la República, que busca precisamente romper con esa tradición ambigua de la política oficial ante la memoria histórica del pueblo dominicano.

El 29 de mayo pasado, al conmemorar los sesenta años de la caída de los Trujillo, y del inicio de la transición, se realizó por primera vez en el país un minuto de silencio nacional en homenaje a las víctimas de la dictadura. Un decreto estableció el simbólico 30 de mayo como “Día de la libertad”; en ese mismo documento, por primera vez también un jefe de Estado condena de manera explícita y mediante decreto, las aberraciones de la dictadura de Trujillo, y al mismo tiempo reconoce la vocación democrática permanente que ha mostrado a lo largo de su historia el pueblo dominicano.

Durante décadas, las únicas manifestaciones por la memoria histórica en el país, eran realizadas por familiares y allegados de las víctimas de las luchas democráticas, a través de fundaciones y actos puntuales. Era hora de que el Estado dominicano asumiera como una de sus políticas fundamentales la promoción y fomento de la memoria histórica, como inversión educativa en los valores democráticos de justicia social, dignidad plena y universal para todos, y contra todo ejercicio autoritario del poder.

La escuela no puede sola. Solo una acción conjunta de todas las instituciones públicas, puede lograr que el mensaje de nuestros héroes y mártires pueda ser práctica de nuestras instituciones y cultura política de nuestra gente. 1961; el año de la libertad provee una plataforma pedagógica para que ese mensaje pueda ser trabajado no solo en las aulas, sino también en el corazón de quienes dirigen el destino común de los dominicanos.

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