Feminicidios del sistema judicial

La violencia de género machista no para. A las mujeres se le prohíbe en este país terminar las relaciones o divorciarse de sus parejas maltratadoras y riesgosas. Las relaciones basadas en el control, la sumisión, la esclavitud y la intimidación continúan aumentando.
El machista se niega a establecer y reconocer relaciones de pareja con equidad, con derechos, dentro de la cultura del buen trato, de la reciprocidad, la solidaridad, la libertad y el reconocimiento humano y de desarrollo integral de la mujer.
Los feminicidios, la violencia doméstica, los maltratos conocidos y visibles por las familias, la comunidad y los hijos, parecen que no pueden detener ni sensibilizar a los agresores de mujeres. La violencia contra las mujeres la sostiene varios indicadores: una cultura que refuerza un sistema de creencia distorsionado y limitante de que su pareja es su propiedad, alguien para controlar, administrar, fiscalizar y decidir por ella desde lo afectivo, lo social, lo académico, la amistad, los derechos y la dignidad.
También la sostienen los prejuicios, la discriminación, estereotipos y roles que designa la sociedad patriarcal y machista sobre qué esperar de un hombre o una mujer en la sociedad, en la familia, en el amor, en la política, en la economía, en la religión etc. Somos una sociedad que denigra, excluye, limita y reduce a la mujer dentro de un sistema de igualdad, de derechos y de dignidad social y personal.
Las políticas públicas de prevención, promoción y evitación de la violencia de género no han podido dar los resultados esperados. El sistema falla en diferentes áreas de prevención, de diagnóstico temprano, de establecer y de priorizar la protección a las familias y a las mujeres que viven el riesgo de ser asesinadas. Como psiquiatra, investigador y consultor que he sido en políticas de salud mental y de violencia, he recomendado que el sistema judicial siempre ha fallado cuando la mujer o la familia asiste a poner la denuncia, no se establece un perfil y diagnóstico psicoemocional y de personalidad para establecer los indicadores de alta peligrosidad o de parejas potencialmente homicidas del hombre agresor. Anibel González había padecido un rosario de maltratos, agresiones, intento de asesinato por su pareja Yasmil Oscar Fernández; siete puñaladas no fueron suficientes para que un ministerio público entendiera que era potencial homicida dentro o fuera del sistema carcelario.
Existen otras mujeres que habían puesto querellas y que fueron asesinadas este mismo año porque el sistema no funcionó. Los fiscales y el ministerio público se amparan en las leyes y código penal; pero no se auxilian de la psiquiatría y la psicología para establecer los diagnósticos, ni pronósticos, ni perfiles psicoemocionales y psicosociales de individuos de alta peligrosidad que no pueden volver a las calles, usar armas de fuego y socializar con familias.
Estos feminicidios son del sistema judicial, del ministerio público, de unas políticas públicas que se divorcia del contexto de una sociedad de cultura de violencia machista.
El sistema de justicia no establece diagnóstico temprano para evitar consecuencia; no establece pronósticos para determinar las recurrencias del agresor; pero tampoco establece el perfil de un agresor potencialmente homicida-suicida para desarmarlo, detenerlo y dejarlo en tratamiento dentro del sistema.
Esos feminicidios que se le escapan al sistema, mandan un mensaje negativo y desestimulan a poner la querella o creer en el ministerio público como factor protector.
Las mujeres que tocan las puertas de la justicia esperan protección, esperanza, reconocimiento del derecho a la vida y a la seguridad y los buenos tratos. Demandamos que funcione la justicia como factor protector ante tantas mujeres víctimas de esta escalada de violencia machista, que no para y que seguirá en aumento dado a la falta de eficacia de las políticas públicas en violencia de género, hasta que llegue la nueva masculinidad del dominicano.