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Con suficientes motivos para confiar en su capacidad de mantener la economía en crecimiento -tan excepcionalmente como ha venido ocurriendo por más de un decenio- República Dominicana tiene además identificada la ruta a seguir para que la generación de bienes y servicios se traduzca en mayor desarrollo, rentabilidad y beneficios sociales. La redistribución del ingreso es meta pendiente; como lo es también consolidar un verdadero Plan Nacional que aumente la productividad y la inclusión de recursos humanos para que la expansión de la economía incluya a su vez una expansión del sistema educativo, rescatar de marginalidad a muchos jóvenes a ser llevados a la aplicación de tecnologías imprescindibles para integrarse a labores productivas no convencionales. 2025 debe ser el año de poner en jaque la tan extendida informalidad que caracteriza muchas actividades de baja escala utilizadas para generar ingresos al margen de regulaciones, del sistema tributario y de la adquisición de innovaciones técnicas capaces de incrementar la productividad. Subdesarrollo, en otras palabras, que en la República Dominicana convive, superándolos en dimensión, con sectores de marcha óptima como el Turismo, zonas francas, la minería, la construcción y algunos ámbitos industriales competitivos. La homogenización del desarrollo, a perseguir denodadamente en el año que comienza, está supeditada a un fortalecimiento de las finanzas públicas elevando la presión tributaria; y a un aumento de la inversión del Estado actualmente disminuida por la preferencia por gasto corriente y el asistencialismo incapaz de reducir la pobreza y mucho menos de impedir que se extienda por futuras crisis. El 2025 trae el significativo reto de reducir la dependencia del endeudamiento interno y externo que ya incluye apelar a créditos para pagar intereses llevando al país a parecer demasiado apartado de la ruta segura de recurrir preferentemente a las fuentes de financiamiento para metas de desarrollo y de expansión del sistema productivo.
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Comience el 2025 con reorientaciones gubernamentales aprovechando la estabilidad institucional y de seguridad jurídica ya conquistadas y que tienen satisfactoriamente incentivadas las inversiones privadas, locales y extranjeras.
