Audios: La condena que enfrentaría un eventual acusado de sabotaje a sistema de voto automatizado de JCE

Si las investigaciones demuestran que personas maniobraron para hacer colapsar el sistema de voto automatizado de la Junta Central Electoral (JCE), mediante un sabotaje que produjera la suspensión de las elecciones del pasado domingo, los autores y sus cómplices podrían enfrentar penas entre 15 y 30 años de prisión.

La afirmación fue externada por el abogado especialista en derecho penal, Amadeo Peralta, quien dijo que además de esa condena, también se enfrentan a una multa de dos mil salarios mínimos, y que el tribunal competente para este caso sería el Superior Electoral (TSE) en atribuciones penales y represivas.

Señaló que los eventuales autores del delito, en caso que la investigación lo compruebe, «cometieron violación a la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, violación a la Ley contra el Terrorismo, violación a la Ley contra el Lavado de Activos y violación al Código Penal Dominicano».

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«La situación creada por un posible sabotaje e intervención ilegal a las redes informáticas de la Junta Central Electoral, no solamente acabó con la posibilidad y credibilidad del voto electrónico, sino también que ha creado una crisis en las elecciones municipales de este domingo 16 de febrero, que ha seguido a una crisis política», opinó.

Criticó que la Ley Electoral no sanciona este tipo de delitos lo que, a su juicio, representa «una laguna jurídica imperdonable, el hecho de que no se contemple una sanción ejemplarizante, sino que sea necesario recurrir a legislaciones complementarias»

Sostuvo que la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, tiene un gran reto frente al país y a la comunidad internacional, para perseguir, solicitar medidas de coerción y acusar a los responsables «de este acto terrorista y de sabotaje que ha puesto en entre dicho la credibilidad de la JCE y podría generar en otras crisis».

Las autoridades mantienen bajo investigación a un coronel de la Policía Nacional, escolta del candidato presidencial del opositor Luis Abinader, y a un empleado de la compañía telefónica Claro, por el caso del presunto sabotaje al sistema de votación automatizada de la JCE.

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