Puerto Plata. – Las presuntas presiones políticas por parte del Gobierno habrían sido las razones que motivaron la salida del aire de dos programas de televisión local que se originaban en empresas de telecable, propiedad del alcalde del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otros parientes de la familia Musa Meyreles, según reveló ayer una fuente con conocimiento de causa.
La fuente, que pidió mantenerse en el anonimato, dijo que los conductores de los espacios noticiosos recibían presiones de los ejecutivos de las empresas, porque supuestamente hacían comentarios de carácter social y político que no eran del agrado del sector oficial, lo que provocó su salida de los medios hace varios días.
El programa Voz Libre que se difundía de lunes a viernes al mediodía por Telecable Puerto Plata, canal 10, cuyo propietario es Waldo Rafael Musa, hermano del alcalde Walter Musa y padre de la candidata a diputada del PLD, Heidy Musa, fue uno de los primeros en ser afectado.
Este espacio era producido y conducido por Ramiro Francisco, Ricardo Lantigua y Miguel Ángel Jiménez Messon, esposo de la diputada y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ginette Bournigal.
Asimismo, fue cancelado el segmento de opinión “Así son las Cosas”, del programa Noti-Suceso que conducían el periodista Gregorio del Rosario, Victoriano Melo y Arnulfo Pascual, de lunes a viernes de 12:00 a 1:30 de la tarde, por TvPlata, canal 3, propiedad del alcalde Walter Musa y su hermano Walder Musa (Waldito).
El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) seccional Puerto Plata, condenó la medida adoptada por los dueños de las empresas de medios de comunicación, afirmando que con esta acción se coarta la libertad de prensa y la libre expresión de pensamiento.
Además, el gremio dijo que el cierre de estos espacios deja sin empleo a varios profesionales de la comunicación.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Santiago, también se une a la preocupación externada por el CDP, en el entendido que cuando se cierren programas de opinión por presiones políticas o proveniente de cualquier otro sector se coarta el pleno derecho que consagra la Constitución.