El procurador general de la República, Jean Rodríguez, informó que apoderó hoy a la Fiscalía del Distrito Nacional y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), de la investigación concerniente a las presuntas irregularidades que se habrían cometido en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI)

Un comunicado de prensa señala que Rodríguez ordenó realizar una investigación del proceso de contratación INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002, llevado por el INAIPI, a fin de determinar la existencia o no de hechos reñidos con la ley penal, remitiendo a dichos órganos del Ministerio Público el expediente abierto con motivo de la denuncia formulada y publicada en los medios de comunicación sobre las alegadas irregularidades.

Precisa que con esos fines, remitió una comunicación a las titulares de la Fiscalía del Distrito Nacional y la PEPCA, Rosalba Ramos y Laura Guerrero, respectivamente, junto a la cual hace entrega de los documentos de dicho proceso a los fines de que los mismos sean revisados a la brevedad posible.

“Para estos fines, y de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Núm. 133-11, contará con la asesoría, asistencia y acompañamiento de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en razón de la materia de que se trata y la vasta experiencia de esta dependencia en dichos temas”, señala la comunicación.

“En consecuencia, se les exhorta revisar los documentos anexos y preparar el plan de investigación correspondiente en coordinación con la PEPCA, a fin de realizar las diligencias de investigación que los hechos requieran, incluyendo interrogatorios, solicitudes de información y certificaciones, entre otras”, agrega.

Respecto a la investigación, Rodríguez ordenó la remisión de informes regulares a su despacho sobre las diligencias de investigación realizadas y el resultado final de las mismas, según se informó a través de un comunicado.

La información destaca que durante el proceso investigativo tanto los miembros del Ministerio Público asignados al caso como el personal de apoyo deberán tomar las medidas de prevención adoptadas por la Procuraduría General de la República a raíz de la epidemia del COVID-19.