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Grupos contrarios al aborto se manifestaron en días pasados frente a la Corte Suprema para abogar por la confirmación de Amy Coney Barrett como magistrada. / Getty Images
Una situación semejante no se había visto desde hace más de 80 años y sus consecuencias podrían marcar a Estados Unidos por varias décadas.
La confirmación de Amy Coney Barrett este lunes en el Senado como magistrada de la Corte Suprema de Justicia -con 52 votos a favor y 48 en contra- significa la consolidación de una clara mayoría ideológica en el máximo tribunal que, a partir de ahora, queda integrado por seis magistrados de tendencia conservadora y tres de tendencia liberal.
Aunque no es inédito, un desbalance como este no se presentaba desde la década de 1930 cuando, durante el primer gobierno de Franklin Delano Roosevelt, había cuatro magistrados conservadores que siempre votaban en bloque -conocidos popularmente como «los cuatro jinetes» (del Apocalipsis)-, tres jueces liberales y otros dos que tendían a votar de forma reiterada en apoyo a los conservadores.
Estados Unidos estaba inmerso entonces en la crisis causada por la Gran Depresión y las decisiones de aquella Corte hicieron más difícil la aplicación del llamado New Deal (Nuevo trato), el programa con el que Roosevelt intentaba proteger a la población más afectada.
«Entre 1933 y 1937, aquella Corte invalidó de forma consistente leyes muy populares del New Deal, que el presidente consideraba necesarias para sacar al país de la depresión», cuenta Russell Wheeler, investigador principal sobre estudios gubernamentales del Brookings Institution, un centro de investigación con sede en Washington.
De manera similar, la incorporación de Barrett como magistrada se produce cuando Estados Unidos afronta distintas crisis desde el punto de vista sanitario, económico y político.
Por tratarse de nombramientos vitalicios, muchos analistas esperan que este cambio en la composición del máximo tribunal tenga un impacto que puede extenderse por una generación.
Sus consecuencias se podrían reflejar en una multitud de aspectos que van desde el propio funcionamiento de la Corte hasta la legislación sobre temas sensibles desde el punto de vista social y político, como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la Ley sobre Cuidados de Salud Asequibles (conocida como Obamacare), sobre los cuales el alto tribunal deberá pronunciarse próximamente.
BBC Mundo te cuenta sobre 5 cambios que podrían ocurrir en Estados Unidos tras la consolidación de una holgada mayoría conservadora en la Corte Suprema de ese país.
1. Prohibición del aborto
Legalizado desde 1973, en una decisión histórica conocida como Roe vs Wade, el aborto en Estados Unidos está nuevamente en revisión por parte del máximo tribunal.
«Creo que es muy probable que la Corte debilite el derecho al aborto e, incluso, creo que hay muchas probabilidades de que lo prohíba completamente«, dice Michael Dorf, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, a BBC Mundo.
El experto señala que ya en el pasado algunos magistrados conservadores han dado señales sobre su disposición a dar ese polémico paso, por lo cual no descarta que pueda ocurrir.
Russell Wheller, no obstante, cree que aunque podría ser prohibido, lo más probable es que la Corte opte por dar luz verde a leyes estatales que, de forma indirecta, limiten las posibilidades de que una mujer aborte, como ha ocurrido en algunas partes del país, donde las condiciones exigidas para el funcionamiento de clínicas para abortos los acaban restringiendo mucho en la práctica.
Durante las audiencias para su confirmación en el Senado, Barrett se negó a dar su opinión sobre el tema del aborto pero sí aclaró que no considera la jurisprudencia sobre el tema como un «superprecedente», término con el que se refiere a aquellas sentencias que están tan bien establecidas que ya ningún actor político muestra intenciones serias de revertirlas.
Barrett también confirmó que firmó en el pasado dos manifiestos públicos en contra del aborto, pero aclaró que una de ellas fue cuando, saliendo de misa, se encontró con una mesa para que las personas firmaran una declaración «reafirmando su compromiso con la posición de la Iglesia Católica sobre temas de vida».
La segunda vez lo hizo como profesora de Derecho de la Universidad de Notre Dame en un texto que reafirmaba el «pleno apoyo al compromiso de nuestra universidad con el derecho a la vida».
En todo caso, durante las mismas audiencias, Barrett confirmó que nunca pondría sus creencias personales por encima de la ley.
2. Matrimonio homosexual
Aprobado en 2015, tras una sentencia que abolió todas las leyes estatales que lo prohibían, el matrimonio entre personas del mismo sexo sigue siendo un asunto polémico en Estados Unidos.
«Es improbable que la Corte Suprema revoque su decisión de hace apenas unos años», señala Wheeler, quien advierte, no obstante, que el tema puede ser abordado a través de otras normas relacionadas.
Así, por ejemplo, cree que puede haber decisiones sobre temas como el de si un funcionario puede ser demandado por negarse a oficiar una boda entre personas del mismo sexo; o si alguien que presta servicios vinculados con este tipo de festejos -como los reposteros o los floristas- pueden hacer lo mismo.
«Seguro que habrá muchas demandas sobre estos temas», pronostica Wheeler.
Dorf tampoco cree que el matrimonio homosexual vaya a ser anulado por la Corte, pero afirma que recientemente dos magistrados expresaron su interés por volver a revisar el tema.
3. Obamacare
Desde que en 2010 se aprobó la Ley de Cuidados de Salud Asequibles (conocida popularmente como Obamacare), el Partido Republicano ha intentado anularla.
Se estima que más de 20 millones de personas lograron contar con un seguro médico en Estados Unidos gracias a esta norma.
En 2016, Donald Trump fue electo con la promesa de que iba a «derogar y reemplazar» esta legislación, algo que no consiguió pese a que sí logró debilitar algunos de sus pilares.
En noviembre, la Corte Suprema de Justicia tiene previsto revisar una demanda presentada por los fiscales generales de 18 estados gobernados por el Partido Republicano.
«Hay la duda de si habrá cinco votos que coincidan con el tribunal inferior en considerar que toda la ley es inconstitucional. Mucha gente cree que es improbable que eso ocurra pues se trataría de una lectura extrema de la ley«, señala Wheeler.
Dorf considera que desde el punto de vista jurídico la demanda actual contra Obamacare es muy débil, por lo que no debería prosperar.
«De todas formas, es posible que la deroguen. Después de todo, una corte de apelaciones aceptó sus argumentos así que no se puede descartar que cinco magistrados hagan lo mismo», apunta.
4. Menos regulaciones, más pena de muerte
Dorf señala que la Corte Suprema anterior a la llegada de Barrett ya era bastante «amigable» con el sector empresarial y hostil ante los intentos del gobierno de imponer normas sobre la actividad privada.
Ahora piensa que esas tendencias se van a exacerbar.
«Vamos una ver una tolerancia menor ante los intentos regulatorios del gobierno», señala.
Además cree que la Corte va a ser más conservadora en temas como la pena de muerte y que las libertades religiosas van a ser potenciadas.
«Creo que vamos a ver una deferencia extrema hacia la religión», asegura.
5. ¿Una Corte debilitada?
La nominación y confirmación de Barrett estuvo envuelta en una gran polémica debido a que fue llevada adelante de forma unilateral a pocas semanas de las elecciones presidenciales contando únicamente con los votos del Partido Republicano.
El proceso fue cuestionado por el Partido Demócrata que recordó que en 2016 los republicanos bloquearon la confirmación del juez Merrick Garland -nominado por el entonces presidente Obama–, con el argumento de que por ser año electoral había que esperar hasta la elección de un nuevo mandatario.
Russell Wheeler asegura que el nombramiento de Barrett, en estas circunstancias, solamente contribuirá para intoxicar aun más el ambiente político en Estados Unidos.
«Se rompe con una de las normas de la política estadounidense de que, hasta cierto punto, las designaciones en el Poder Judicial deben contar con apoyo bipartidista y, en alguna medida, deben reflejar un consenso», señala.
«Eso solía ser así cuando se necesitaban 60 votos (de 100) en el Senado para confirmar a un magistrado y, mayormente, los presidentes nominaban a personas con quienes coincidían ideológicamente pero que no eran extremistas», agrega.
Wheeler cree que esta acción de los republicanos tendrá un efecto a corto plazo al movilizar a los votantes demócratas, molestos por lo ocurrido, pero también tendrá consecuencias sobre la Corte que podría ver dañada su imagen institucional.
«Creo que esto reducirá la legitimidad de la Corte», señala.
Explica que pese a que el Poder Judicial es también independiente de los vaivenes de la opinión pública, los tribunales necesitan ser apoyados y respetados por los ciudadanos.
En ese sentido, además de las polémicas condiciones en las que se produjo el nombramiento de Barrett, Wheeler destaca que se trata de una persona mucho más conservadora que el promedio de los ciudadanos.
«Ahora que tenemos un país que parece inclinado a elegir un presidente que se ubica a la izquierda del centro, los republicanos corrieron a nombrar una magistrada muy conservadora cuya visión sobre temas difíciles como el aborto o el control de armas no coinciden con la de la mayoría de la sociedad», destaca.
«Si esos seis magistrados conservadores se convierten en un obstáculo en el camino de las leyes que la mayor parte de los ciudadanos quieren ver, la legitimidad de la Corte puede resultar seriamente cuestionada», advierte.
¿Y si no cambia mucho?
La conformación de una supermayoría conservadora en la Corte Suprema de Estados Unidos, sin embargo, no significa necesariamente que esa institución dará un giro radical hacia la derecha.
Durante los últimos años, cuando el balance entre los magistrados era de 5 conservadores y 4 liberales, ha habido varias decisiones consideradas progresistas que contaron con el voto de uno e incluso de dos de los jueces conservadores.
«Ya era una Corte bastante conservadora pero estaba moderada por el hecho de que el presidente del tribunal, John Roberts (conservador), se preocupa más que ninguno por la institución, y creo que eso en ocasiones le lleva a alinearse con los magistrados más liberales», afirma Michael Dorf.
Destaca que ahora para que salgan adelante sentencias más progresistas se necesitará del voto de algún otro juez de tendencia conservadora.
«Creo que algunos temas podrá ser Neil Gorsuch y en otros asuntos podría tratarse de Brett Kavanaugh», dice mencionando a dos de los jueces nominados por Donald Trump.
Russell Wheeler destaca que recientemente Roberts y Gorsuch votaron junto a los liberales en una sentencia que estableció que un empleador no puede despedir a una empleada por el hecho de que sea abiertamente homosexual.
«El enfoque conservador habría sido decir que cuando se aprobó el estatuto de derechos civiles, que prohíbe la discriminación por razón del sexo, ninguno de los legisladores tenía en la mente una situación así y que eso implicaría extender la protección para abarcar a los homosexuales. Sin embargo, Gorsuch y Roberts estuvieron de acuerdo con los liberales«, apunta.
Otro elemento que puede afectar la dirección que tome la nueva Corte es la idea que han sugerido algunos dirigentes del Partido Demócrata de ampliar por ley el número de magistrados en la Corte Suprema para contrabalancear los nombramientos hechos por los republicanos y que ellos consideran indebidos.
De acuerdo con Wheeler, una idea similar ayudó al presidente Roosevelt a poner fin al bloqueo judicial de sus iniciativas para el New Deal.
«Cuando Roosevelt propuso en 1937 ampliar el tamaño de la Corte para contar con magistrados que fueran más empáticos con el New Deal, entonces dos de los jueces que solían ponerse del lado de los conservadores cambiaron de postura y empezaron a aprobar unas leyes que hasta ese momento se creía que no apoyarían», explica.
En la historia judicial de Estados Unidos ese episodio es conocido como the switch in time that saved nine («el cambio a tiempo que salvó a nueve») y fue interpretado como una jugada de los magistrados para proteger la integridad y la independencia de la Corte, haciendo innecesaria la ampliación hasta 15 magistrados planteada por Roosevelt.
