A diferencia del informe de la OEA, el 19 de febrero, tres días después de la suspensión de las elecciones municipales, el coronel Frank Félix Durán, vocero policial, en una rueda de prensa celebrada en la noche informó que estaban detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta y el técnico en telecomunicaciones, Manuel Antonio Regalado, implicados en los incidentes que afectaron los equipos de votación que obligaron a suspender las elecciones municipales del pasado domingo. La Policía Nacional afirmó que ambos apoyaban y colaboraban con los autores principales de la trama criminal.
El informe de los peritos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que auditaron el sistema de voto automatizado que fracasó en las elecciones del pasado 16 de febrero tiene conclusiones distintas a la investigación que en su momento llevo a cabo la Policía Nacional y que conllevó el arresto y sometimiento a la justicia del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta y el técnico en telecomunicaciones, Manuel Antonio Regalado.
Mientras el informe de la OEA concluye que los problemas que provocaron la suspensión de las elecciones se debieron al mal diseño del software y a la mala gestión del área informática del organismo electoral, y no a ataques externos, sabotaje o intento de fraude, la pesquisa de la Policía Nacional hablaba de una trama criminal y de autores principales.
El 19 de febrero, tres días después de la suspensión de las elecciones municipales, el coronel Frank Félix Durán, vocero policial, en una rueda de prensa celebrada en la noche informó que estaban detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta y el técnico en telecomunicaciones, Manuel Antonio Regalado, implicados en los incidentes que afectaron los equipos de votación que obligaron a suspender las elecciones municipales del pasado domingo. La Policía Nacional afirmó que ambos apoyaban y colaboraban con los autores principales de la trama criminal.
“Se ha solicitado y obtenido una nueva orden de arresto emitida por el Tribunal Superior Electoral, contra el coronel Ramón A. Guzmán Peralta y del técnico de la empresa telefónica Claro, Manuel Antonio Reglado”, informó anoche en rueda de prensa el coronel Frank Félix Durán, vocero policial.
Refirió que inicialmente ambos fueron detenidos para ser interrogados por otros delitos, arrojando la investigación evidencias de que estaban vinculados con los incidentes del pasado domingo con los equipos de votación de la JCE.
“Precisamos que a través de la extracción de datos los teléfonos que le fueron ocupados por orden judicial a estas dos personas y que a pesar de que el técnico Regalado se rehusó a dar la clave de su celular, hemos logrado extraer los datos y confirmar de forma científica y sin margen de error que los mismos, no solo tenían informaciones, sobre los actos descritos, sino que además apoyaban y colaboraban con los supuestos autores principales, a un grado tal que el técnico de Claro llegó a expresar que estuvo presente en el momento del hecho y que tenía un audio con evidencias de lo realizado a los equipos, expresando por escrito su disposición de sustraer los equipos y dispuesto a utilizar un vehículo y un uniforme de su compañía para encubrir ese presunto crimen”, narró Durán Mejía en esa ocasión.
Informe de la OEA. El análisis determinó que del trabajo desarrollado por el equipo técnico que realizó la auditoría se concluye que lo sucedido con la implementación del sistema de votación automatizado fue producto de la mala gestión del área informática de la JCE.
“El mal diseño del software, sumado a no haber contado con herramientas para detectar o prevenir la falla y no haber podido mitigarla a tiempo, reflejan también la ausencia de protocolos y la falta de aplicación de buenas prácticas”, señala el informe de la OEA.
Resalta que el “equipo auditor no encontró evidencia de ataques externos, sabotaje o intento de fraude. Dadas las circunstancias la mañana de la elección, era imposible continuar con la jornada por lo que la suspensión decidida por parte del pleno de la JCE fue correcta”.
Señala que el software implementado en el proceso por la JCE no tenía mecanismos de control de integridad de la oferta electoral y, por lo tanto, era incapaz de detectar cualquier tipo de problema que se pudiera haber presentado en el proceso de descarga de las boletas electrónicas.