La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó ayer su preocupación por el comportamiento en la contratación directa realizada por el Gabinete de Política Social, en violación de la norma de compras y contrataciones públicas en el país.

La organización recordó que resultado de una investigación de la Dirección General de Contrataciones Públicas pudo determinarse que el Gabinete Social incumplió aspectos procedimentales, como que el contrato no fue publicado de manera oportuna en el portal transaccional, lo que provocó que la entidad haya tenido que rescindir los contratos.

“Esto demuestra que, si bien el Gabinete acogió las recomendaciones de Compras Contrataciones, aún persisten grandes debilidades institucionales en el Estado dominicano. No puede pasarse por alto que este comportamiento no resiste el más mínimo análisis sobre los parámetros de ética en la gestión pública”, expresó Finjus en una comunicación.

Afirma que lo ocurrido evidencia una inobservancia a los principios de eficiencia, razonabilidad y de responsabilidad y moralidad expuestos en el artículo 3 de la Ley 340-06, sobre compras y contrataciones.

Lagunas normativas. Finjus manifestó que la rescisión de los contratos y su posterior transformación en apoyo solidario permite el surgimiento de lagunas normativas que pueden traducirse en graves consecuencias a la estructura del sistema de compras y contrataciones públicas.

A juicio de la entidad, tal comportamiento es por la persistencia del irrespeto a la legalidad, donde se anteponen prácticas inmediatistas que no responden al ordenamiento jurídico dominicano.

Finjus ve penoso que a diez años de promulgarse la ley sobre Compras y Contrataciones Públicas, desde el propio Estado continúe desvirtuándose tanto la finalidad de las instituciones, como los elementos básicos de la norma. Cree importante proteger la seguridad jurídica, lo que implica respeto irrestricto a la ley.