Una inercia retardataria de acciones condignas desde la aplicación de la ley ha tenido en retroceso la paz de vecindarios en el Gran Santo Domingo con una diversidad de negocios de diversión, bebentinas de horarios extralimitados y violadores de restricciones a la emisión de sonidos que afectan entornos y proclaman la inutilidad de mecanismos policiales establecidos para proteger la vida ordenada de hogares. Transgresiones que ya traspasan fronteras hasta zonas anteriormente tranquilas ahora con la intensidad de decibeles severamente dañinos a la salud y la conversión de sitios para todo público que aspire al sosiego en sedes de tumultos que, sin ser con alcohol y perseguir fines diferentes a los de los bares, impiden la quietud y la convivencia ciudadana que debe caracterizar ese don maravilloso para la vida urbana que es el Parque Mirador Sur. Recen por él.
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La posibilidad de que emerja una acción mayor, sistemática y con capacidad de institucionalizarse contra el uso de espacios públicos y privados para agredir a los demás, ahora con peores perfiles, asoma con la llegada al Ministerio de Interior y Policía, de la ex-senadora Faride Raful, dada desde ya a confrontar a individuos y grupos desordenados de todos los calibres con una ofensiva de clausura de locales constituidos en focos ofensivos a la sociedad. Esa que tan continuamente recibe tratos desconsiderados que los operativos transitorios no destierran.