Estimados agentes de la Amet/Digesett:

Quizás exageré con el título de este artículo. Lo cierto es que nada humano me es ajeno, y sé que ustedes, en las calles, simplemente “reciben órdenes superiores”. También veo sus dificultades: el sol abrasador, la lluvia impredecible y salarios que no son los mejores. Además, entiendo que muchos ciudadanos son irrespetuosos, creen estar por encima de la ley y los obligan a lidiar con situaciones difíciles.

¡Pero, caramba! Hay cosas en las que la lógica debería imperar, y el tránsito es una de ellas.

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¿Por qué su primer rol no es viabilizar el tránsito en vez de solo imponer multas? ¿Por qué se esconden detrás de una mata para atrapar conductores en rojo, en vez de hacerse visibles para disuadir infracciones y prevenir accidentes? ¿Por qué ignoran a los motoristas que, en cada intersección, se adelantan bajo el semáforo y cruzan en rojo, poniendo en peligro su vida y la de otros?

¿Por qué multan solo al conductor privado por no llevar cinturón o hablar por celular, mientras los choferes de carros públicos y guaguas hacen lo mismo con decenas de pasajeros bajo su responsabilidad? Y la pregunta más elemental de todas: ¿por qué sustituyen semáforos inteligentes que funcionan bien y contradicen sus indicaciones?

Tranquilos. No espero que me respondan. Más bien, deseo que los tomadores de decisiones en materia de tránsito comprendan que urge hacer las cosas de manera distinta.

El caos vehicular es uno de los principales problemas del Distrito Nacional y otras grandes provincias. No es un capricho ni una exageración. La principal causa de muerte en la República Dominicana son los accidentes de tránsito: en promedio, unas 3,000 personas pierden la vida cada año. A esto se suma el estrés, la violencia y el mal humor que genera el desorden vial, afectando la salud mental y contribuyendo a los niveles de criminalidad, sobre todo en riñas y homicidios.

También hay un impacto económico: los accidentes de tránsito le cuestan al país más del 2 % del PIB.

A pesar de esto, la respuesta del Gobierno ha sido pobre y equivocada. Por un lado, ha apostado casi exclusivamente a la construcción de infraestructuras, un esfuerzo necesario pero insuficiente. También ha invertido en más hospitales traumatológicos para atender a los accidentados, pero no en prevenir el problema, es decir, en orden y educación.

Además, aunque la creación del Intrant prometía eliminar la duplicidad institucional, la realidad es que la desarticulación sigue vigente. Y peor aún, se reedita aquella fallida decisión de prescindir del criterio técnico (aunque sea civil) que representó la Amet y de descansar en la Policía (representada por la Digesett) la operatividad del tránsito, sin garantías de que los criterios técnicos y tecnológicos se impongan a la visión policial ordinaria y a la politización.

Mientras en otros países han encontrado soluciones eficientes y económicas —que van desde consecuencias duras y reales para quienes violan las leyes de tránsito, hasta políticas públicas de educación vial y, por supuesto, transporte colectivo digno y seguro—, aquí se insiste en enfoques incorrectos.

Al presidente Luis Abinader le quedan tres años y medio de gobierno. Su primera gestión será recordada por el manejo exitoso de la pandemia y por avances en la lucha contra la corrupción. Pero ahora debe definir cómo quiere ser recordado en su segundo período.

Considerando la estrechez fiscal, el Gobierno debe aprovechar la oportunidad de resolver problemas urgentes que no requieren grandes inversiones. El caos del tránsito puede comenzar a mejorar con orden, voluntad política y tecnología.

Ojalá se le preste la atención y el enfoque debido a este tema. El Gobierno, incluyendo a los presidenciables del PRM, está obligado a mostrar soluciones concretas a algunos de los problemas estructurales de este pueblo. La gente quiere resultados, no retórica.

Que recuerden aquel dicho: “Los hombres (y las mujeres, agrego yo) no se juzgan por cómo empiezan, sino por cómo terminan”.