Una fuerza superior a la de ordinario debería aplicarse al unificar ministerios con supresión de algunos componentes con tal de lograr una efectiva reducción de nóminas públicas y que la pretendida consolidación del Estado no se limite a lo simbólico tras República Dominicana alcanzar el crecimiento burocrático más alto de su historia superando el promedio de América Latina. Infraestructuras estatales que parecerían pequeñas para alojar en amontonamiento a 730,928 servidores públicos, salvo que muchos estén cobrando sin trabajar lo que no sorprendería.

Además lo supernumerario de entes descentralizados, que es parte del problema del gigantismo, no aparece en estadísticas lo que impide saber con certeza lo mucho que estaría fluyendo desde arcas nacionales hacia ingresos personales y cuentas bancarias gravitando desproporcionadamente sobre la fiscalidad.

Campeona del crecimiento de su administración y sus anexos generados a veces pletóricamente por complacencias de liderazgos políticos, el país está colocado en el cuarto lugar en América Latina con el mayor porcentaje de empleados públicos con una ejecución presupuestaria que el economista Miguel Collado describe como dirigida mayormente a gastos corrientes solo superada por Argentina, Panamá y Uruguay pero por margen de “photo finish”.

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Sin introducir un filoso bisturí a la sobrecarga que recibe un tren llamado administrativo que más numerosos no podría ser, y sin unos firmes criterios para la racionalidad en busca de eficiencia, estaría en dudas el equilibrar las finanzas y eliminar el déficit de recursos ubicado en el 3.1% respecto al Producto Bruto Interno (PBI) en lo que va de año, pasos imprescindibles para la salud de esta economía.

Los índices de comportamientos del sector público aquí referidos constan en la base de datos socioeconómicos de la región recabados por el Banco Mundial. Algunos renglones de los medidos no están actualizados y el organismo advierte que importantes tasas podrían resultar significativamente diferentes y más deficitarias en este momento. Especialistas no vacilan en recomendar que el Gobierno replantee sus metas macroeconómicas para que no llegue la hora del sálvese quien pueda.

METAS DIFÍCILES

Un insuficiente historial de fiscalizaciones ordenadas por la Constitución y leyes orgánicas a diferentes entidades oficiales revela debilidades contra la urgencia de alcanzar mayor eficiencia y racionalidad en gastos e inversiones del Estado que la gestión presente asume como cruzada casi de salvación nacional. No son favorables las perspectivas para el cometido de hurgar eficazmente en desempeños de Ministerios asignada al Congreso Nacional, el más comprometido a proteger el patrimonio público.

Las cámaras legislativas están llamadas a aplicar estricto seguimiento sobre sectores de la administración pública… ¿pero de cuánta de estas búsquedas de imperfecciones y desviaciones que restarían eficacia al sector público con riesgos para gastos e inversiones se ha dejado constancia a la opinión pública?

El Congreso Nacional recibe anualmente voluminosas memorias de las inmensidades departamentales que aquí componen el ámbito oficial sin que ningún boletín oficial indique que por ellas pasó alguna lupa revisora y de que el polvo de la indiferencia no se está tragando gruesos folios en olvidados estantes.

En perfil de pobre vigencia ha estado también la Cámara de Cuentas con unos resultados de escrutinios imperceptibles y sin consecuencias por más de dos decenios; y que es ahora que dan señales de vida mejoradas sus facultad legal para actuar pero con evidencias de que sus recursos materiales y humanos no le permiten cubrir con recias auditorías funcionamientos institucionales y manejo de valores de una administración pública que en términos relativos es de las que más cuesta a cualquier fisco en América Latina.

Se recuerda que el Gobierno de entonces (2020-2024), y que es el mismo de ahora, dijo haber detectado en aparatoso allanamiento sin precedentes omisiones graves en la búsqueda de pruebas periciales atribuibles a la matrícula anterior de la Cámara y comprobando ocultamientos del resultados que hubieran permitido incriminar con solidez a funcionarios de la administración de Danilo Medina. La confección de un expediente bien sustentado se quedó para algún momento después que no ha llegado todavía.

ENGORDAN UBRES

Aspiraciones desde la política a llenar de oportunidades de empleos al Estado han generado un proceso de subdivisión territorial que en parte explica el que la burocracia dominicana resulte de antología. Un país que desborda en número de provincias, municipios y distritos municipales; pasión creadora que multiplica los panes y los peces para los apetitos por cargos públicos que deja muy atrás en proporción de gastos a los sistemas gubernamentales de Brasil, México, Argentina y Cuba.

La China Popular, con 9.596,900 kilómetros cuadrados, basa su división del territorio más importante en 23 provincias. República Dominicana, de 48,442 Km/2 tiene sobre su suelo 31 provincias y un Distrito de su equivalencia. Y no son más porque la opinión pública se le sublevó a un legislador que quería hacer que la de Santo Domingo pariera una gemela. La cercana Cuba, de triple tamaño a la Hispaniola está congelada en 15.

En desbordado ejercicio de autonomía, las llamadas salas capitulares causaron la muerte civil a la función honorífica a la que ascendían ciudadanos de abnegación, nombraría y crédito público de las respectivas comunidades. La convirtieron en altamente remunerada que a muchos permite solazarse en esa sola fuente de ingresos (¿Para qué sudar trabajando en otro lugar?). Sesionar una noche a la semana es una de las “ocupaciones” mejor remuneradas de estos lares nativos.

Waldys Taveras, destacado experto en asuntos municipales que ha cuestionado la existencia de la Liga Municipal como súper estructura de asesorías incumplidas y nada más, ha propuesto que dentro de la reforma a la Constitución se incluya la modernización de los municipios cuya pobreza de ingresos propios los mantiene subordinados financieramente a la voluntad y caprichos del Poder Ejecutivo y huyendo de la aplicación del llamado “presupuesto participativo” creado para transparentar los usos del dinero público.

Como director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo propuso la transformación de la Liga Municipal Dominicana, que gravita costosa sobre los impuestos que pagan los ciudadanos a fin de que sea un ministerio que sirva para mucho más de lo que con ella se consigue ahora. Más lejos aún, Taveras lanza la idea de que se supriman las gobernaciones provinciales, unos entes cuya exiguo valor es político aunque se les supone capacidad de aglutinar ejercicios de Estado en múltiples espacios territoriales que están más atados en estatus a sus respectivas jefaturas mayores con asiento en la capital de la República.

CRECER FUERA

Recientemente el Poder Ejecutivo gestionó el visto bueno del Departamento de Estado para impulsar aun más el crecimiento imparable de cargos consulares y diplomáticos en el exterior, esta vez para tres ciudades secundarias del Norte continental que la que más dominicanos tiene en condición de residentes no pasa de 600.

Ya es fama, y mucho antes de ahora, que el personal diplomático y consular dominicano en Nueva York, que incluye una súper representación en la Organización de las Naciones Unidas, deja numéricamente atrás a la misión azteca, siendo México el país que posee la comunidad extranjera de más envergadura en la ciudad de los rascacielos y en todo ese país. Urbe que además, está a medio poblar por vicecónsules inorgánicos dominicanos o no reconocidos por el país que los acoge y que les niega el agreement.

Las desproporciones son muy propias del funcionamiento estatal dominicano situado ordinariamente bajo égidas que han permitido que haya mucho más gente nombrada para ejercicios oficinescos y administrativos que la que se destina a impartir clases en aulas; más mecanógrafas, secretarias, auxiliares, archivistas, choferes y subsecretarios con asientos en la Capital que agrónomos y extensionistas en el campo bajo lluvia, sol y sereno. Como esas fuerzas de mucho generalato y pocas tropas.

Exportación de irracionalidades que en el propio suelo los últimos gobiernos han querido combatir lo que llevó a crear en el 2008 el Ministerio de Administración Pública llamado a: garantizar la profesionalización del sistema administrativo, implantar racionalidad y modernidad en la gestión de recursos humanos y diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y estrategia, entre otras metas. Un trazado para convertir a República Dominicana en la nueva Suiza de América.

Sin embargo a lo largo de su institucionalización hasta la actualidad, la inclusión en la llamada Carrera Administrativa que certifica la idoneidad lograda por empleados públicos solo llega a 23,866 subalternos. Las bendiciones que se esperan de este esfuerzo por mejorar la calificación de los burócratas dominicanos resultan exiguas. El presupuesto del Ministerio a cargo no está sirviendo de mucho en un país en el que solo en los últimos cuatro años 79,616 personas pasaron al usufructo de sueldos con cargo al presupuesto, más del triple de los que se capacitaron.