La historia de Marcha Verde ha sido y sigue siendo intensa, aleccionadora y provocadora en la base misma de la sociedad dominicana hacia una firme voluntad popular por ver instaurado un Estado social, democrático y de derecho sin corrupción ni impunidad.

El pueblo, indignado por la hemorragia incontenible de actos de corrupción escenificados básicamente en los gobiernos peledeístas, inauguró acciones masivas de protestas en las calles, con marcha verde a la cabeza, con una primera manifestación multitudinaria el 22 de enero del 2017; luego el 16 de julio de ese mismo año en el Centro de los Héroes, se concentró una extraordinaria concurrencia, sentando un precedente en este tipo de protesta popular.

Aunque la presencia en las calles decayó con la convocatoria el 28 de enero del 2018 una serie de acciones planificadas en espacios más reducidos, por ejemplo, los campamentos en el monumento de Santiago y frente a la procuraduría, mantuvieron y mantienen vivos y en la palestra pública a Marcha Verde.

Ahora hay más razones y argumentos para reemprender las luchas en las calles. Los actos y escándalos de corrupción continúan a la orden del día. El destape de la venta del sector los Tres Brazos, donde de nuevo aparecen involucrados funcionarios como el exdirector del CEA y la Directora General de Registro de Títulos y una lista importante de funcionarios medios que la procuraduría ha sometido a la justicia; y se dice que el procurador ha levantado la acción pública contra esos “servidores del Estado” para desviar, acallar o desacelerar el mega escándalo de Odebrecht y Punta Catalina, con sus posibles funestas consecuencias para el propio gobierno.

Marcha verde, como otras instituciones de la sociedad civil y política han planteado que no se trata solo de soborno a funcionarios sino la entrega de miles de millones de pesos en sobrevaluaciones y financiamientos de campañas electorales a favor del Partido de la Liberación Dominicana.

Una manifestación fehaciente que incrimina a ese gobierno son los pagos de contratos por más de RD$ 1,300 MM. de dos organismos de la presidencia con dos empresas de los publicistas Joao Santana y Mónica Moura. Peor aún, fue la negativa por seis veces seguidas de la Cámara de Diputados a una solicitud hecha por diputados del PRM para que sean investigados los certificados de la Contraloría General de la República, que muestran la veracidad de dichos contratos; este hecho afianza mucho más la indignación contra este gobierno que lo ha maleado y corrompido todo.

Ese pacto de impunidad concertado con Odebrecht tiene que ser castigado tarde o temprano, no será en este gobierno, porque ellos no se van a incriminar a sí mismos, pero el poder del pueblo en las calles, con Marcha Verde y una interminable cantidad de organizaciones cívicas, religiosas, estudiantiles, profesionales, campesinas, obreros, amas de casas, trabajadores informales están prestos y listos a participar de manera monolítica en la Marcha del Millón, que se efectuará el 12 de agosto en las inmediaciones de la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia.

No hay razón para el cansancio. La batalla es larga y tendida. Se trata de contrarrestar una maquinaria de poder, una mafia con una estructura demoledora y con una acumulación de riquezas sin precedentes y una capacidad de ocultar, de complicidad y contubernio, jamás vista.

Todos los corazones y las almas nobles y de buena voluntad nos convocaremos sin miedo ni temor a estar presentes en la Marcha del Millón, para desde nuestra justa conciencia social, cívica y ciudadana salvar a este digno país de los ladrones y corruptos que desfalcan diariamente las arcas del Estado, que son nuestros propios recursos.