Tras años de políticas contra la violencia de género y medidas judiciales para la protección de la mujer, el sistema continua fallando cuando se supone que está protegida por el Estado. El riesgo debería ser cero.

Desde la experiencia de sus países, diversos expertos del sistema de protección a la violencia contra la mujer coincidieron en que no se puede minimizar las conductas de violencia porque al final conlleva mayor riesgo de sus vidas, reiterando la importancia de que las personas que atiendan sus denuncias sean empáticos para poder evaluar bien el riesgo al que se enfrentan.

Para Sayda Yadira Blanco, coordinadora de políticas públicas para la erradicación de la violencia en México, es difícil para las víctimas imaginar que la persona que quieren va a acabar con sus vidas, ratificando el reforzamiento de todos los mecanismos de detección.

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Cuando se discute la eficacia del sistema de medidas de protección, este suele ser el primer problema en observarse: la demora en el dictado y notificación. Pero el panorama no mejora cuando revisamos el proceso para hacer que las medidas se cumplan y el impacto que tienen estas medidas, expresó Manuel Albano, vicepresidente de la comisión de Igualdad de Genero de Portugal.

“Se deben crear medidas de protección más específicas que respondan al riesgo que enfrenta la víctima, no basta con el acta de denuncia y con el informe psicológico, es necesario conversar con ella. y de eso tiene que valerse el juez, y su equipo para generar un plan de seguridad a largo plazo”, expresó.

Señaló que se cometen errores implementando la misma fórmula de medidas de protección cuyas situaciones no suelen ser las mismas.

La española Maria Rosell resaltó que una de las tareas pendientes es reconocer en sus leyes la violencia de genero en la región, donde Mayra Jiménez, Ministra de la Mujer, aprovechó la ocasión para la promulgación y aplicación efectiva de leyes que disminuyan al mínimo los casos de violencia en el país.

La funcionaria sostuvo que la República Dominicana solo cuenta con la Ley 24-97, contra la violencia intrafamiliar, promulgada en 1997, que castiga los asesinatos de mujeres pero no tipifica el feminicidio al nivel que lo requiere.

Reiteró que a través de medidas preventivas ayudaría a una mayor inclusión en la vida productiva de la sociedad por medio de políticas destinadas a mejorar sus condiciones de vida.

El encuentro internacional “Hacia marcos legales para la protección frente a la violencia contra las mujeres” fue organizado por el Ministerio de la Mujer.