Los senadores del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y los de los opositores partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fuerza del Pueblo (FP) se volvieron a enfrascar en el debate de la pertinencia de aprobar la Ley de Juicio de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos solo con los votos de los legisladores del Gobierno.
Mientras, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) solicitó ayer garantizar la seguridad jurídica sobre el derecho real, personal o de cualquier otra naturaleza que, de buena fe, posea registrado un tercero sobre el bien objeto de extinción de dominio.
Al indicar que respaldan la creación de la Ley de Extinción de Dominio, con algunas recomendaciones, la ABA sugirió delimitar los tipos penales que podrán servir de base para un juicio de extinción de dominio.
En ese orden, estimó debe consignarse que, para los fines exclusivos de la citada ley, sea considerado como hecho ilícito aquella conducta tipificada como delito o crimen, según la legislación penal vigente en la República Dominicana al momento de su ocurrencia, sancionado con pena de reclusión.
La ABA considera que la inclusión en el marco jurídico dominicano de esta ley constituye una importante herramienta, a fin de que el Estado pueda atacar estructuras económicas delictivas más allá del proceso penal, aunque deben tomarse en cuenta algunas observaciones, necesarias para su eficiente aplicación.
En el aspecto de la seguridad jurídica, precisa que tal es el caso de los derechos de acreedores con garantías debidamente registradas. “Imperante delimitar la debida diligencia que debe agotar el adquiriente de buena fe pues, conforme se propone en los proyectos de ley, se pretende exigir a los terceros que su buena fe y diligencia se despliegue no sólo sobre los bienes que adquirirá, sino también respecto de la historia y condiciones de la persona de quien se adquiere”.
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Además, la entidad que representa a los bancos advierte que esta obligación obstruye e imposibilita la realización de las operaciones, y también impone cargas irracionales a los adquirientes de buena fe, desbordando el alcance de sus deberes constitucionales.
Contradicciones entre senadores..
El senador de la FP Dionis Sánchez le sacó en cara a los del PRM que así como aprueban una cantidad de contratos de préstamos millonarios sin el concurso de la oposición, podrán asumir el proyecto. Dijo que han planteado con la Extinción de Dominio, que tiene asuntos que analizar y juristas han planteado que el tema de irretroactividad choca con la Constitución del país.
Recordó que la ley será orgánica. Sobre este punto, la senadora del PRM, Faride Raful, le respondió a Sánchez con que no es lo mismo un contrato de financiamiento, que no se le puede modificar, que una ley.