Nuevo Modelo de Formación Policial para Transformar y Modernizar las Fuerzas de Seguridad

El Presidente Luis Abinader ha emitido instrucciones claras y directas destinadas a avanzar significativamente en la reforma policial, enfocándose especialmente en la reestructuración del sistema educativo de la Policía Nacional.

Estas instrucciones están dirigidas al ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, y a otras autoridades claves, marcando un paso decisivo hacia la transformación y modernización de la institución.

En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 128, numeral 1, literal b, de la Constitución, el mandatario ha enfatizado la importancia de facilitar la ejecución del Decreto 371-22.

Este decreto establece dos procesos complementarios esenciales para la implementación de un nuevo modelo de formación policial, alineado con el Plan de Transformación y Modernización de la Policía Nacional.

Entre las instrucciones específicas, se incluye la necesidad de asegurar la operatividad efectiva de la unidad ejecutora del Instituto Policial de Educación, según lo contemplado en el Presupuesto General del Estado para 2024. Esta unidad, clave para la reforma educativa policial, estará adscrita al Ministerio de Interior y Policía y gozará de autonomía en la gestión de sus procesos académicos y técnicos.

Además, se ha ordenado otorgar las autorizaciones necesarias para que el Instituto Policial de Educación pueda operar de manera autónoma en la administración de sus recursos, incluyendo la habilitación de roles dentro del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) para la gestión administrativa y financiera.

Estas medidas buscan no solo mejorar la calidad de la formación de los futuros oficiales de policía, sino también garantizar una gestión más eficiente y transparente de los recursos destinados a este fin.

La iniciativa del jefe de Estado destaca su compromiso con una seguridad pública basada en el profesionalismo, la ética y la eficacia, pilares fundamentales para el desarrollo social y el fortalecimiento del estado de derecho en la República Dominicana.