El Defensor del Pueblo Pablo Ulloa, planteó ayer el establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación continuo que permita identificar y buscar solucionar los graves problemas que persisten en los centros penitenciarios del país, entre ellos el alto porcentaje de internos con distintas afecciones de salud, y la circulación, venta y consumo de sustancias controladas con participación del personal de seguridad.

Resaltó que de acuerdo con los resultados de un Estudio Cualitativo de las Condiciones de Salud realizado en los 41 centros penitenciarios que hay en el país, incluidos 22 del nuevo modelo (CCR), y 19 del viejo (CPL), más del 30 % de la población tiene problemas de salud “y la mitad no recibe atención”.

Citó entre las enfermedades de mayor incidencia las afecciones cardíacas (31%), oculares (30%), falcemia (25%); problemas mentales (20%) (10%); renales (10%) obesidad; diabetes (8%), tuberculosis (5%).
De acuerdo con el estudio, la existencia de problemas renales, diabetes y obesidad requieren de una mirada al sistema de alimentación y de higiene existente en los centros penitenciarios, ya que pueden agravar algunas de esas dolencias.

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Agrega que las personas con VIH como las que tienen tuberculosis, neumonía y otras enfermedades infectocontagiosas se mantienen en convivencia con las demás personas internas.

Indica que en declaraciones de internos entrevistados, “se destaca que el traslado al hospital requiere no solo de trámites burocráticos, de permisos que se solicitan con muchos meses de antelación, sino que si se le da dinero al personal el traslado se consigue con mayor facilidad”.

“En su conjunto, todas estas afirmaciones (de los presos entrevistados) evidencian violaciones de derechos a las personas internas con respecto a sus problemas de salud. Se advierte la existencia de barreras para el acceso a la salud que tienden a ser vistas en algunos casos como «normales» y en otros como parte de las deficiencias del sistema. Junto a ellas se encuentran prácticas de corrupción en el acceso a los traslados y medicamentos, referidas por hombres y mujeres de distintos centros”, agrega el estudio.

Sustancias prohibidas

De acuerdo con el estudio, uno de los aspectos que agudiza y a la vez refleja problemas de salud mental es el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, lo cual indica, es común entre las personas privadas de libertad en situación previa al internamiento, cuando se generan fuertes adicciones.

Agrega que varios internos no reconocieron que consumen sustancias psicoactivas, aunque indicaron que en los centros se puede tener acceso a cualquier sustancia y que solo se pueden pagar en efectivo. “Se estableció que a pesar de las restricciones, existen distintas maneras de obtenerlas y pagarlas con dinero. Si los pagos y transferencias de dinero entre los detenidos se lograsen automatizar, es muy probable que se elimine o controle la posibilidad de pagos por drogas”, dice el estudio.

Las personas entrevistadas señalaron que en los centros penitenciarios se produce alcohol de forma artesanal.