El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez consideró que es necesario reformar la Constitución para dar garantías de que el Ministerio Público tenga real independencia y sus titulares no tengan el temor de tomar iniciativas que puedan afectar a funcionarios.

Entrevistado en el programa televisivo “McKinney”, por Color Visión, Rodríguez manifestó que no se puede modificar por ley el mecanismo de designación y destitución del procurador general de la República, que ahora está a discreción del Presidente de la República.

“La Constitución define cómo se eligen los legisladores, cuáles son las condiciones que se requieren para ser legislador; cómo se eligen a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Superior Electoral, a los miembros de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, a los ministros, porque una de las cosas que hace la Constitución es organizar la forma en que funciona el poder y la forma en que acceden a él los titulares de ese poder”, explicó Rodríguez.

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El experto en derecho constitucional indicó que un funcionario de la categoría del procurador general de la República no se puede permitir que sea una ley quien lo designe.

Dijo que en la propuesta se designaría al procurador por seis años lo que ha levantado críticas de algunos sectores que consideró “atinadas” porque ese elemento debe ser revisado por el gobierno a conciencia.

Las opciones que se plantean son que el procurador se elija en el Consejo Nacional de la Magistratura o en un mecanismo en el que participe el Presidente de la República y el Senado, siendo esta última la que Rodríguez favorece porque tendría un control senatorial de la designación.

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Afirmó que es conveniente que el Presidente de la República tenga una participación en la designación del procurador porque no es deseable que el titular de esa posición esté totalmente desvinculado del Ejecutivo.

Rodríguez señaló que además de la designación, es necesario rodear al funcionario de inamovilidad por el período de gestión para que pueda actuar con independencia para que “no tenga temor de emitir una directriz o iniciar un proceso de investigación contra un funcionario por riesgo de destitución”.

Igualmente, el experto dijo que es necesario que la Procuraduría cuente con el apoyo presupuestario que le permita trabajar con independencia.

“Lo que no se debe ser es que un compañero del órgano máximo del partido en el gobierno tenga la dirección de la persecución penal porque sus compañeros ministros, sus compañeros directores, entran en el radio de acción de ese funcionario. Eso es lo que hemos tenido históricamente y eso hay que corregirlo”, apuntó Rodríguez.

Ante la desconfianza que expresa la oposición por la reforma constitucional motivada por el riesgo de que se introduzca una modificación para reducir el porcentaje de votación necesario para ganar en primera vuelta, Rodríguez expresó que el presidente Luis Abinader debe sentarse con el liderazgo político y dar garantías de que ese tema no se tocará.

Advirtió que la Asamblea Nacional es libre de discutir cualquier tema porque no está atada a ceñirse a los elementos señalados en su convocatoria porque ella “es el órgano supremo de decisión política del Estado, es el órgano que aprueba la Constitución”.

Indicó que el gobierno tiene que sentarse a discutir con la oposición porque no tiene los votos suficientes para pasar la ley de convocatoria de la reforma constitucional. Rodríguez consideró que la reforma debe ser el resultado “del mayor nivel posible de consenso de las fuerzas políticas y sociales. Esto no es un tema de abogados y políticos solos, es un tema en el que el parecer de la sociedad debe ser considerado”.

Dijo que si se compara la cantidad de reformas que ha sufrido la Constitución dominicana con las de países como México y Brasil, la del país se ha reformado mucho menos, pero se cree lo contrario porque las modificaciones aquí casi siempre giran en torno a la reelección presidencial.

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El jurista dijo que el tema de la reforma está tan ligado a la reelección que en este caso, que el presidente Abinader puede repostularse con el ordenamiento actual, hay el temor opositor de que se modifique la Constitución.

Frente a quienes dicen que en la actual Constitución está establecido que el ministerio público es independiente, Rodríguez señaló que junto a esa afirmación la misma Carta Magna pone la designación y destitución en manos del Presidente de la República, sin controles, “no sirve de nada la afirmación de que es independiente porque no lo
es. Está subordinado orgánica y funcionalmente al criterio de quien lo designa”.

Manifestó que esa subordinación es lo que ha impedido que se combata la corrupción efectivamente y del reino de la impunidad.

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Rodríguez expresó que si bien es cierto que en la reforma constitucional del 2010 hubo avances, también hubo retrocesos importantes como fue la modificación de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy son objeto de la iniciativa de Abinader, porque actualmente queda bajo control del gobernante de turno.

Concluyó que con la reforma de 2010 lo que se hizo fue retornar al control político de la designación de los jueces a todos los niveles y eso tiene que ser revisado como se ha advertido desde que se inició la discusión de ese proyecto en el año 2008.