El abogado Julio Cury lamentó que la aprobada modificación al Código Penal no aumentara el catálogo de “delitos de cuello blanco”, ya que a su juicio los que actualmente se contemplan son insuficientes e ineficaces para perseguir la corrupción administrativa.

Dijo que “los tipos penales de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos han sobrevivido durante más de un siglo pese a su completa miseria legislativa, y esta demorada reforma al Código Penal los mantuvo sin variaciones significativas”.

Cury se quejó de que hechos usualmente cometidos por funcionarios públicos y que en otros países son punibles, no fueron previstos por los legisladores. “Tipificaron una serie de ilícitos que suelen cometer los desheredados de la buena suerte, pero no consagraron como delitos el peculado, la colusión, el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos, el enriquecimiento ilícito y el aprovechamiento indebido del cargo”.

En opinión del jurista, la pieza penaliza los sectores más vulnerables y débiles de la sociedad, y premia los comportamientos lesivos al Estado desde funciones públicas, lo cual atribuyó a “la relación de interdependencia entre la política y el derecho”.

Sostuvo que en la medida en que los legisladores no enriquezcan los supuestos delictivos contra la administración pública, será cada vez más difícil calificar jurídicamente los hechos cometidos en perjuicio del erario, y los corruptos continuarán evadiendo la acción de la justicia o lograrán absoluciones para frustración colectiva.

Por otro lado, descartó que el aumento de las penas de prisión disminuya la tasa de delincuencia. “Nosotros vamos siempre algunos pasos detrás, pues hace muchos años que la criminología concluyó que la ecuación más prisión equivale a menos delito, es totalmente falsa”, aseguró.