Los abogados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Antoliano Peralta Romero, Luis Soto y otros profesionales del derecho presentaron hoy ante el Ministerio Público una formal denuncia penal exigiendo que se investigue hasta las últimas consecuencias el involucramiento del coronel Ramón A. Guzmán Peralta y el técnico de la compañía telefónica Claro, Manuel Antonio Regalado, en los hechos que condujeron a la suspensión de las elecciones municipales, el pasado domingo y que en cambio sea incluido en la investigación el coronel Kojy Maruyama, así como otras personas con las que este mantiene vinculación de subordinación.

Exigieron además que el aparato coercitivo del Estado cese la sistemática violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos Guzmán Peralta y Regalado, y llamaron a la sociedad dominicana a mantenerse vigilante y exigir a la Procuraduría General de la República, a la Policía Nacional y el poder que les controla el respeto de los valores democráticos que se consagran en la Constitución y que son el fundamento de nuestra convivencia social.

Advirtieron a la sociedad que la democracia corre un gran riesgo y que todos «debemos levantarnos en defensa de las conquistas que tanto han costado al pueblo dominicano».

A continuación el texto completo de la instancia depositada por los abogados:

El país ha sido testigo del hecho sin precedentes de la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero. Posteriormente, se ha revelado ante la opinión pública que un técnico de la compañía telefónica CLARO le había suministrado informaciones al coronel de la Policía Nacional Ramón Antonio Guzmán Peralta, en el sentido de que tenía conocimiento de que personas ajenas a la operación del sistema electrónico de la Junta Central Electoral habían introducido en ésta algunos mecanismos con el propósito de vulnerar el sistema de voto automatizado.

En la conversación escrita entre el técnico de la compañía CLARO, señor Manuel Regalado, y el coronel Guzmán Peralta, se ha mencionado un coronel del Ejército Nacional, que responde al nombre KOGI MARUYAMA, como la persona que intentó penetrar de manera sospechosa a la central de CLARO radicada en Herrera, a lo cual se opusieron los técnicos que estaban en el lugar. También le dijo que personas, le solicitaron un vehículo con el rótulo de CLARO y uniformes, para acceder a las instalaciones de la Junta Central Electoral y retirar equipos que supuestamente habían sido colocados previamente.

De acuerdo a la referida conversación entre Manuel Regalado y el coronel Guzmán Peralta, el coronel le aconsejó a su amigo Regalado que no permitiera ese hecho, porque podía resultar comprometedor para él.

Es evidente, y el país ha constatado, por las conversaciones que se han hecho públicas y que han servido de base al relato mediante el cual la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República han pretendido imputar responsabilidad al coronel Guzmán Peralta y el señor Regalado en los hechos del 16 de febrero que los mismos tan solo manifestaron preocupación por los referidos acontecimientos “como todos los dominicanos”, y nunca se pudiese inferir una participación activa de ellos en los mismos.

Es evidente que el apresamiento de estos ciudadanos, así como la retención en el Palacio de la Policía, constatándose además la conculcación de varios derechos constitucionales, llegando incluso a la tortura del ciudadano Regalado según sus propias revelación a un medio de comunicación, es una clara manifestación de que en el presente caso se está instrumentalizando el poder coercitivo del Estado con el espurio fin de distraer la atención de la población y evitar realizar una investigación seria, presentando chivos expiatorios.

Este uso del aparato represivo del Estado resulta inaceptable en un estado democrático, mientras se persiguen ciudadanos que las mismas pruebas utilizadas como fundamento de una mostrenca teoría del caso, se excluye de la investigación a la persona que la conversación evidencia como sujeto activo en el intento de acciones sospechosas que pudiesen tener vinculación con el grave atentado contra el estado de derecho del 16 de febrero.

Por este motivo en el día de hoy hemos procediendo a presentar una formal denuncia penal exigiendo que se investigue este hecho hasta las últimas consecuencias debiendo incluirse necesariamente en la investigación al citado coronel KOGI MARUYAMA, así como otras personas con las que este mantiene vinculación de subordinación.

Asimismo, exigimos al aparato coercitivo del Estado el cese de la sistemática violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos Guzmán Peralta y Manuel Regalado, así como llamamos a la sociedad dominicana a mantenerse vigilante y exigir a la Procuraduría General de la República, a la Policía Nacional y el Poder que les controla el respeto de los valores democráticos que se consagran en nuestra Constitución y que son el fundamento de nuestra convivencia social. Advertimos a la sociedad que nuestra democracia corre un gran riesgo y que todos debemos de levantarnos en defensa de las conquistas que tanto han costado al pueblo dominicano.