Hoy 
Decenas de abogados miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), realizaron una vigilia frente al Congreso Nacional en donde denunciaron que algunos diputados pretenden instaura por Ley el acceso a la Justicia Virtual con la aprobación primera lectura del Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales por parte de la Cámara de Diputados, lo que afectaría a los usuarios del sistema.
Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados, indicó que dicho proyecto pretende eliminar el requerimiento judicial de de un expediente físico para cada proceso judicial, con las pruebas originales en los que las partes sustentan sus alegatos; mediante la instauración del supuesto expediente digital, el cual solo constara de documentos escaneados, es decir en fotocopia, abriendo las puertas a todo tipo de fraude mediante la suplantación digital de sellos y firmas, falsificación de documentos escaneados, falsificación de documentos, pues las partes no tendrán que depositar sus originales, y los jueces podrán dictar sentencia en base a esas fotocopia.
Asimismo, otorga el poder en favor del Poder Judicial de instaurar las audiencias virtuales obligatorias en todas las materias por causa de “fuerza mayor”, con lo cual por cualquier razón, hasta por falta de recursos, se podría imponer el cierre de todos o parte d los tribunales, lo cual constituye una suplantación del poder constitucional del Congreso Nacional de declarar estado de excepción.
» Nosotros como institución no estamos en contra de la tecnología, de hecho estuvimos de acuerdo, sin las partes por escrito lo acepta con la celebración de audiencias virtuales en todas las materias, exceptuando la penal, pero nunca con la imposición de una Justicia virtual, donde para su acceso se requiera tener luz, impresora, computadora e internet, lo cual es violatorio de varios artículos de la Constitución de la República.
La denuncia fue realizada en el marco de una vigilia que realiza la comisión que estudia el Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales.
El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun Hernández, dijo que con ese plan se busca el colapso de los servicios presenciales en todo el sistema de justicia para culpar al Tribunal Constitucional.
El gremialista indicó que de esa manera se busca contrarrestar la declaratoria de inconstitucionalidad pronunciada por el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia TC/0286/21, que estableció que la presencia física de las partes en la audiencia, es un mecanismo que procura salvaguardar los principios de inmediación, concentración y contradicción de los usuarios, derechos contemplados en la Carta Magna.
Manifestó que dicho proyecto en sus artículos 11, 12, 13, 14 pretende quitarle facultades al Congreso Nacional a través del establecimiento de la Ley “Habilitante”, con el objetivo de que ese poder del Estado ceda en favor de otro órgano sus potestades legislativas, sobre todo en materia de garantías fundamentales, lo que atenta contra el estado de derecho y la Constitución.
El presidente del Colegio de Abogados entiende que en esas condiciones predominaría la desigualdad entre los usuarios y recordó que el artículo 69 de la Constitución de la República habla sobre la Tutela Judicial y el Debido Proceso, indicando que toda persona tiene derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita y en este anteproyecto se violentan todos estos derechos.
Los juristas también denunciaron que la pieza plantea la realización de audiencias y procesos virtuales obligatorios, no opcionales con lo que viola la Tutela Judicial; además se consagra el acceso a los expedientes judiciales por la vía virtual, eliminando el acceso presencial a través de las Secretarías que establece la Constitución y la Ley 821.
Cierre de tribunales
“Este proyecto constituye en los hechos el cierre del acceso a la Justicia para el 70% de la población dominicana que no tiene acceso a Internet, a equipos informáticos y que las audiencias virtuales sean a discreción de un Juez” expresó Surun Hernández.
En ese sentido precisó que la iniciativa vulnera los derechos de todos los usuarios del sistema, la Carta Magna y los Códigos de Procedimiento Civil, Código Procesal Penal, Código de Trabajo y otros.
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