En nuestra sociedad hay muchos silencios desde donde se tejen muertes, violencia, violaciones y abusos que quedan en un velo de invisibilidad convirtiéndose en supuestamente “anormales” o “problemas aislados”.

Eso ocurre con el aborto. Una práctica permanente y frecuente pero su clandestinidad la convierte en invisible con grandes vacíos de información y registro cuantitativo desde los distintos estratos sociales.

El incesto y las violaciones sexuales de las que son victimas muchas niñas, adolescentes y mujeres provocan embarazos que terminan en abortos inseguros. Estos abortos pueden ser provocados con uso de sustancias o con la visita a clínicas clandestinas donde le cobran ciertas sumas de dinero, pero no investigan quien es el agresor o el responsable del mismo.

No hay denuncias, no hay registros, todo esto pasa “desapercibido”.

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Mientras más pobre es la mujer, niña o adolescente más vulnerable se encuentra frente al abuso sexual y mucho más ante un embarazo no deseado y sus condiciones de riesgo.

Condenar a la niña, adolescente o mujer que ingiere una sustancia tóxica para abortar o al médico que la asiste con un desgarramiento interno en un hospital es un crimen.

La “ilegalidad” del aborto ha enriquecido a muchas personas que desde clínicas clandestinas lo ejercen y cobran sumas importantes de dinero. Muchas veces las mujeres, las niñas y adolescentes se practican el aborto en forma oculta utilizando objetos punzantes como perchas, o ingiriendo sustancias que las exponen a condiciones de alto riesgo de muerte o de lesiones graves para su salud.

El aborto siempre ha estado prohibido, y siempre se ha practicado con un alto costo de vidas, lesiones y traumas para las mujeres y adolescentes que buscan cualquier medio para hacérselo incluyendo tirarse de una escalera o ingerir tres pasitos mezclado con malta alemana.

El acceso a servicios de salud integral para toda adolescente, joven o mujer que decida interrumpir el embarazo es un derecho, más aún cuando sea víctima de violación sexual, incesto o esté en riesgo su vida. Ofrecer garantías de salud en cualquier situación de emergencia es la responsabilidad del Estado y con ello no se promueve el aborto, se garantiza que no sigan muriendo las niñas, adolescentes y mujeres porque no cuentan con servicios de salud efectivos.

La ruptura con estos círculos de muerte y clandestinidad estaba en manos de nuestros legisladores, pero, no asumieron su responsabilidad frente a ello.

La legalización del aborto desde las tres causales no significa promoción ni difusión. Se busca disminuir las muertes de mujeres, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de riesgos y son victimas de incesto y violaciones, garantizándole un servicio de salud integral.