Sino fuera porque nos salen tan caros habría que pensar en la posibilidad, luego de conocerse los detalles sobre la forma en que se aprobó la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), de darles vacaciones en diciembre como hacen algunas empresas, pues la celebración de las Navidades, el “espíritu navideño” que a todos nos contagia en esa época del año tan especial, ha sido la excusa más socorrida de los legisladores para justificar el hecho de que no se hayan tomado la molestia de leer lo que finalmente aprobaron.

Se trata, por supuesto, de una excusa tan lamentable como poco seria que habla muy mal de su ética de trabajo, porque debe constar en este expediente que no es la primera vez (de hecho se trata de una costumbre aceptada y tolerada) que aprueban una ley sin leer lo que aprobaron, un ejercicio de irresponsabilidad que algún día, cuando esta sea una verdadera democracia, con ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, debe tener consecuencias.

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Mientras tanto lo único que podemos hacer, aceptado el hecho de que una vez electos dejan de representar a sus electores para representarse a sí mismos y a los partidos que los postularon, es lamentarnos de que no tengamos quien nos ampare y proteja de los legisladores que se alzan con el santo y la limosna y se olvidan de quienes los llevaron a ocupar una curul en el Congreso Nacional.

Pero la chercha navideña no alcanza para justificar la eliminación del artículo 11, a última hora, del requisito que obligaba al DNI a obtener la orden de un juez competente para solicitar las informaciones que considere de interés para la seguridad nacional.

¿A quién le molestaba algo tan claro y explícito? ¿Por qué sustituirlo por el palabrerío que ha convertido ese artículo en un texto ambiguo sujeto a interpretaciones? Hasta que aparezca quien dé la cara con una explicación creíble tengo derecho a pensar, con todo respeto, que en ese cambio de última hora hubo acechanza y alevosía.