La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) elevó ayer a 368,000 los refugiados ucranianos que han abandonado su país debido a la invasión rusa iniciada el 24 de febrero, entre ellos los 150,000 que calcula han huido a la vecina Polonia.

Otros 43,000 cruzaron la frontera hasta Rumanía, y también se han registrado movimientos hacia Moldavia, Eslovaquia e incluso Rusia, según la agencia de Naciones Unidas, que también calcula unos 160,000 desplazados internos por la guerra.

Tanto ACNUR como el Gobierno ucraniano advirtieron en días previos que hasta cinco millones de personas, casi la décima parte de la población nacional, abandonen Ucrania debido al ataque ruso.

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calcula por su parte que el conflicto ha dejado al menos 64 muertos civiles y unos 180 heridos y también denuncia que los ataques han dañado o destruido cientos de viviendas.

Otras han quedado incomunicadas o sin suministro de electricidad y agua por los daños que los bombardeos han causado a infraestructuras civiles tales como carreteras o puentes, indicó la Oficina.

Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas para Coordinación de Asuntos Humanitarios indicó que las agencias de la ONU y sus socios se han visto forzados a suspender sus operaciones un Ucrania debido al deterioro de la seguridad en el país, aunque su personal mantiene presencia sobre el terreno.

Por otra parte, El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará hoy, lunes otra reunión urgente sobre la guerra en Ucrania, en este caso para abordar la crisis humanitaria, según adelantaron ayer fuentes diplomáticas.

UE anuncia protección temporal

La Unión Europea concederá protección temporal a todos los ucranianos desplazados que lleguen a los Estados miembros. Una “gran mayoría” de los ministros de Interior de los Estados miembros se mostraron a favor de activar la directiva de protección temporal.

Esta normativa establece un mecanismo para afrontar las llegadas masivas al bloque de extranjeros que no pueden volver a sus países por guerras, violencia o violaciones de los derechos humanos y concedería protección inmediata durante un año (prorrogable a 2).

Si finalmente es aprobada, los Estados miembros tendrán que conceder a los beneficiarios permiso de residencia y éstos tendrán derecho a trabajar, a acceder a programas educativos o de formación profesional y a tener acceso a ayuda social, apoyo financiero y atención médica, entre otras cosas.