Todos estamos absortos, despertando de una pesadilla que cada vez que se repite es más dura, más cruel, más inhumana. Ante nuestros ojos muere otra adolescente a manos de un adulto que por el rol que desempeñaba, ha debido ser garante de su integridad física y emocional. ¿Lo lamentable? que no es el primer caso que enfrentamos como sociedad y que afecta al seno del sistema educativo.
El MINERD suspendió – en los últimos 14 meses- a 18 docentes por denuncias de acoso sexual en contra de sus estudiantes dentro y fuera del aula. Todos los casos tienen aspectos comunes: La escuela y a partir de la confianza obtenida en ese espacio transcienden hacia lo íntimo del hogar; figuras de autoridad transgrediendo los límites – en muchas ocasiones con total impunidad-; niñas, niños y adolescentes en el desarrollo de sus personalidades con escasa educación sexual integral (ESI), sobreviviendo en una sociedad que la sataniza; una sociedad que prefiere no hacerse cargo de la responsabilidad compartida de educar en ESI y de fiscalizar de manera adecuada procesos, recursos, personas. En resumen, niñas y niños sobreviviendo en un Estado que no garantiza la integridad física y niñas, adolescentes, que se convierten en responsables únicas de su destino.
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Como gestores y lideres educativos estamos llamados a ser vigilantes y garantes del interés superior de las niñas, niños y adolescentes; debemos cuidarles, dar la voz de alerta y activar el sistema de protección. Como sociedad tenemos el desafío de que el caso de Esmeralda Richiez no sea una noticia que quede sepultada entre miles; todo lo contrario, debe convertirse en el motor que necesita el Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes -del cual el MINERD es parte-, para crear una política de prevención, detección y atención del acoso y el abuso sexual a ser implementado en todas las escuelas del país.
Ingresar y mantenerse laborando al interior de nuestras escuelas debería conllevar procesos con alto estándares y solidos criterios de selección y permanencia. Directivos, docentes, orientadores, psicólogos, personal administrativo y de apoyo, todos deberíamos pasar por filtros, evaluaciones y pericias de manera constante. Lograr mantenernos dentro “del deber ser” es una tarea diaria, un gran logro, un premio a nuestra idoneidad.
En nuestra región y localmente contamos con experiencias en la implementación de políticas sobre acoso sexual en instituciones educativas. El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) tiene una política y un modelo de abordaje establecido para toda su comunidad académica (estudiantes, docentes y colaboradores), una buena práctica de la que podemos aprender y replicar al interior de nuestro sistema.
Nuestras escuelas y los equipos de gestión merecen contar con estrategias y pautas claras para desencadenar los protocolos necesarios ante potenciales situaciones de acoso sexual, pero sobre todo abordar estrategias de prevención y detección de factores de riesgo.
Que la vida de Esmeralda nos sirva para reflexionar y accionar en forma comprometida, impostergable e incorruptible. Que no se quede entre tantos titulares que indignan, pero no son asumidos como palancas para accionar cambios y transformaciones que ya no pueden esperar. Todas son nuestras niñas y si falta una, faltan todas.