¿Cómo yo puedo ir a una comisión donde sus miembros se han mostrado parciales? Esa es la pregunta que se hace el activista social Alexander Mundaray, quien fue convocado, en su condición de miembro de Ciudadanos Contra la Corrupción (C3) por la comisión bicameral del Congreso Nacional que investiga la procedencia de los bienes del senador por San Juan Félix Bautista.

Explicó a Hoy digital que no asistirá esta tarde a comparecer como testigo ante la comisión, por considerar que es ilegal que lo hayan convocado en calidad de testigo, debido a que no hay un proceso judicial abierto.

Criticó que la comisión esté integrada por legisladores de las dos cámaras (Diputados y Senado) porque los miembros deberían ser solo diputados, ya que la cámara alta no puede ser juez y parte.

En ese sentido, agregó que se debería abrir un juicio político contra Bautista, al cual sí asistiría como testigo.

Citó el artículo 146 de la Constitución el cual precisa que quien tiene que demostrar la procedencia de sus bienes es Félix Bautista.

El artículo146 de la Constitución dice que es obligatoria la declaración jurada de bienes, expresó.

Puntualizó que los congresistas no tienen que invitar a la sociedad civil para que expongan como testigos en casos que están bajo investigación.

Si quieren investigar deben exigirle al senador que demuestre de dónde sacó sus bienes, insistió el activista social miembro del grupo que demandó a Bautista por soborno transnacional por supuestas donaciones hechas por el legislador a la campaña presidencial de presidente de Haití, Michel Martelly.

Dijo que lo que se está tratando de hacer en la investigación que se sigue a Bautista es «tirarle un balde de agua fría» al senador.

Calificó de escándalosas las declaraciones publicadas en el diario El Nacional de la senadora por Dajabón, Sonia Mateo, miembro de la comisión investigadora, quien recientemente atribuyó a una campaña de odio, rencores, infamias y mentiras las acusaciones contra Bautista.

En ese momento, Mateo, responsabilizó de esa campaña a personas que, como el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, y la periodista Nuria Piera, están frustradas, porque no han logrado sus objetivos de vida.

No voy por todo eso, concluyó Mundaray.

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Acusaciones contra Félix Bautista

Tras finalizar el gobierno del ex presidente Leonel Fernández varios movimientos cívicos iniciaron un sin número de manifestaciones exigiendo que sean llevados a la justicia los funcionarios de su gestión acusados de corrupción.

Entre los nombres más trillados, dentro de este reclamo, hay que citar el del senador por la provincia San Juan, Félix Bautista, quien durante el gobierno de Fernández se desempeñó como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Obras del Estado (OISOE).

El movimiento cívico Ciudadanos Contra la Corrupción (C3) depositó ante la Procuraduría General de la República una querella contra el senador peledeísta, por el supuesto uso indebido de 39 millones de pesos cuando estuvo al frente de la OISOE.

La denuncia de C3 estuvo fundamentada en una auditoría hecha por la Cámara de Cuentas en el 2008.

De acuerdo al documento depositado por C3, Bautista habría gastado los 39 millones en la contratación de empleados temporales para limpieza de las vías públicas, con remuneración de RD$3,000.00 cada uno, pero según la Cámara de Cuentas, no fue posible localizar a ese personal.

Financiamiento de la campaña de Martelly. Además, de la querella por el manejo de los recursos de la OISOE, hay que citar la denuncia hecha en contra del senador, de que aportó una gran cantidad de recursos para financiar la campaña electoral del presidente de Haití, Michel Martelly.

Sin embargo, mediante la sentencia 2012-3832, la jueza Esther Agelán Casasnovas, consideró que la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) concretó una serie de diligencias procesales en el caso, y mediante una sentencia de 51 páginas, explicó que ese organismo determinó que los depósitos por US$1,050,000 realizados por Bautista a través de cuentas bancarias, y supuestamente a favor de Martelly, no fueron consignados ni directa ni a través de emisarios al actual presidente de Haití.

Estos argumentos sirvieron de base para decidir el archivo definitivo de la querella contra el legislador, lo cual fue ampliamente criticado.

A pesar de la salida del tren gubernamental, el legislador nueva vez se ve implicado en escándalos que envuelven altas sumas de dinero.