Tres residentes del condado de Middlesex, Nueva Jersey, fueron arrestados hoy por su papel en la obtención fraudulenta de más de $ 2.1 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL), anunció el Fiscal Federal Philip R. Sellinger.

Arlen G. Encarnación, 35, de Perth Amboy, Nueva Jersey, está acusado por denuncia de 11 cargos de fraude bancario, tres cargos de fraude electrónico y dos cargos de lavado de dinero. Kent Encarnacion, 28, de Perth Amboy, está acusado por denuncia separada de un cargo de fraude bancario y dos cargos de lavado de dinero. Jacquelyn Pena, de 36 años, de Perth Amboy, está acusada en una denuncia separada de tres cargos de fraude bancario y dos cargos de lavado de dinero. Está previsto que todos tengan sus comparecencias iniciales por videoconferencia esta tarde ante la jueza magistrada de distrito de los Estados Unidos, Leda Dunn Wettre.

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De acuerdo con los documentos presentados en estos casos y declaraciones realizadas en el tribunal:

Arlen G. Encarnación presentó 11 solicitudes fraudulentas de préstamos PPP a dos prestamistas diferentes en nombre de nueve supuestas empresas y tres solicitudes fraudulentas de EIDL a la Asociación de Pequeñas Empresas (SBA) en nombre de tres supuestas empresas. Kent Encarnación presentó una solicitud de préstamo PPP fraudulenta en nombre de una supuesta empresa a un prestamista y Jacquelyn Peña presentó tres solicitudes de préstamo PPP fraudulentas a dos prestamistas diferentes en nombre de tres supuestas empresas.

La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES) es una ley federal promulgada el 29 de marzo de 2020, diseñada para brindar asistencia financiera de emergencia a los millones de estadounidenses que sufren los efectos económicos causados por la pandemia de COVID-19. Una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES fue la autorización de hasta $ 349 mil millones en préstamos condenables a pequeñas empresas para la retención de puestos de trabajo y algunos otros gastos, a través del PPP. En abril de 2020, el Congreso autorizó más de $ 300 mil millones en fondos adicionales de APP.

El PPP permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que califiquen reciban préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del 1 por ciento. Los ingresos de los préstamos PPP deben ser utilizados por empresas en costos de nómina, intereses de hipotecas, alquiler y servicios públicos. El PPP permite la condonación de los intereses y el capital del préstamo PPP si la empresa gasta los fondos del préstamo en estas partidas de gastos dentro de un período de tiempo designado después de recibir los fondos y utiliza al menos un cierto porcentaje de los fondos del préstamo PPP en gastos de nómina. .

Las solicitudes que presentaron los demandados supuestamente contenían representaciones fraudulentas ante los prestamistas participantes y la SBA, incluida documentación falsa de declaración de impuestos federales. Los acusados también inventaron la existencia de empleados y los salarios pagados a los empleados inexistentes a través de los supuestos negocios. Según los registros de la Administración del Seguro Social, no se procesaron Formularios W-3, Transmisiones o Declaraciones de salarios e impuestos, ni Formularios W-2, Declaraciones de salarios e impuestos para ninguna de las entidades demandadas entre 2018 y 2020.

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Sobre la base de las presuntas tergiversaciones de los acusados, los prestamistas y la SBA aprobaron las solicitudes de préstamos PPP y EIDL de los acusados y proporcionaron a sus supuestos negocios aproximadamente $ 2.1 millones en fondos federales de ayuda de emergencia COVID-19 destinados a pequeñas empresas en dificultades. De esta cantidad, Arlen G. Encarnación recibió aproximadamente $ 1.69 millones, Kent Encarnación aproximadamente $ 156,000 y Jacquelyn Peña aproximadamente $ 335,000. Luego, los acusados transfirieron una parte sustancial de las ganancias, incluso en relación con la compra de bienes raíces por parte de Jacquelyn Pena y la compra de Arlen G. Encarnación de un lujoso SUV Lamborghini.

Cada cargo de fraude bancario acusado en las quejas conlleva una pena máxima de 30 años de prisión y una multa de $1 millón; cada cargo de fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años; y cada cargo de lavado de dinero conlleva una pena máxima de 10 años de prisión. Tanto los cargos de fraude electrónico como de lavado de dinero conllevan una multa máxima de $ 250,000 o el doble de la ganancia bruta para el acusado o la pérdida bruta para la víctima, lo que sea mayor.

Sellinger dio crédito a los inspectores postales del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, División de Newark, bajo la dirección del Inspector Interino a Cargo Raimundo Marrero; IRS – Investigación Criminal, bajo la dirección del Agente Especial a Cargo Michael Montanez; agentes especiales de la Fiscalía Federal para el Distrito de Nueva Jersey, bajo la dirección del Agente Especial a Cargo Thomas Mahoney; Administración del Seguro Social – Oficina del Inspector General, División de Campo de Nueva York, bajo la dirección del Agente Especial a Cargo John Grasso; Agencia Federal para el Financiamiento de la Vivienda – Oficina del Inspector General, bajo la dirección del Agente Especial a Cargo Robert Manchak.

Agentes especiales de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor – Oficina del Inspector General, bajo la dirección del Agente Especial Interino a Cargo Stephen Donnelly; Corporación Federal de Seguros de Depósitos – Oficina del Inspector General, bajo la dirección de la Agente Especial a Cargo Patricia Tarasca en Nueva York; y agentes especiales del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos – Investigaciones de Seguridad Nacional, bajo la dirección del Agente Especial a Cargo Jason J. Molina en Newark, con la investigación que conduce a los cargos. También agradeció a la Oficina del Fiscal del Condado de Middlesex y al Departamento de Policía de Perth Amboy por su ayuda.

El gobierno está representado por los fiscales federales adjuntos Mark C. Orlowski y Olajide A. Araromi de la Unidad de Fraudes Gubernamentales de la Fiscalía Federal en Newark.

Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude por Desastre del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o mediante el Formulario de Quejas Web del NCDF en: https: //www.justice. gov / desastre-fraude / ncdf-formulario-de-queja-por-desastre.

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Los cargos y alegatos contenidos en las quejas son meras acusaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos que y hasta que se pruebe su culpabilidad.