Mayor Raúl Girón cumplirá arresto domiciliario en sitio confidencial; jueza declara complejo el caso

El mayor general Adán Cáceres, exjefe de la seguridad presidencial de Danilo Medina, y otros cuatro imputados de integrar una red de corrupción que distraía fondos de los organismos castrenses deberán cumplir 18 meses de prisión preventiva en el penal de Najayo, en San Cristóbal, conforme a la decisión que ayer emitió la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Además de Cáceres Silvestre, esta medida coercitiva fue dictada en contra del coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Flete Guzmán, y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

En cuanto al mayor del Ejército Raúl Girón Jiménez, quien durante una audiencia declaró en contra del resto de acusados, la jueza Kenya Romero acogió la solicitud del Ministerio Público de imponerle, por motivos de seguridad, arresto domiciliario en una ubicación confidencial que le será comunicada al tribunal.

El grupo de procesados enfrenta los tipos penales de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

“En primer término, de la cronología y sustento de la solicitud que aporta el Ministerio Público, sometida al examen por las partes que intervienen, se puede identificar que en cuanto a las personas investigadas se configuran elementos iniciales coherentes que, sin prejuzgar el fondo, razonablemente los señalan como probables autores o cómplices de los ilícitos investigados”, estableció en la audiencia la juzgadora al motivar su decisión.

“El segundo supuesto es que el examen de la calificación jurídica otorgada como etiqueta provisional por el Ministerio Público, si bien es una etiqueta inicial, los tipos penales que esta señala entrañan sanciones privativas de libertad graves y bienes jurídicamente tutelados de relevancia”, agregó Romero en su fallo.

La magistrada también declaró complejo el caso y fijó la revisión de la medida coercitiva para el próximo 10 de agosto ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal apoderado del control de la investigación.

A diferencia de las anteriores jornadas del conocimiento de la solicitud de medidas de coerción, que duraron hasta 10 horas, la magistrada Kenya Romero, al subir al estrado ayer, motivó y dictó el fallo en tan solo 11 minutos.

MP opuesto a “privilegios irritantes”. Sobre la decisión del tribunal de enviar, a solicitud del MP, a altos oficiales involucrados en el caso a una cárcel para la población general, como lo es el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo Hombres, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso enfatizó en que el órgano de la persecución penal se opone a “privilegios irritantes” para los militares y policías procesados por corrupción.

“Si buscamos jurisprudencias y doctrinas comparadas, no es posible que haya un privilegio en función de que sean policías o militares. Sí tienen derecho a que se tomen medidas sobre su seguridad”, indicó la también directora de Persecución del MP.

De su lado, el procurador adjunto Wilson Camacho, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), llamó la atención sobre el hecho de que la presunta estructura de corrupción sustrajo fondos públicos que “debieron ser utilizados para mejorar la suerte de los hombres y mujeres que pertenecen a la Policía Nacional y el Ejército” y que cumplen con su deber en esos cuerpos de protección ciudadana y seguridad nacional.

Una medida “arbitraria”. La abogada de Cáceres Silvestre, Elsa Trinidad Gutiérrez, calificó la prisión preventiva impuesta contra su representado como una medida “evidentemente arbitraria, que no es objetiva y no responde al derecho”.
Reiteró que su defendido es un mayor general activo que “manejó un puesto de inteligencia y seguridad muy alto en este país”.

La togada afirmó que el equipo del MP incurrió en “deslealtad procesal”, puesto que, según las palabras de Gutiérrez, los fiscales carecían de pruebas y se vieron en la necesidad de llevar el caso a los medios de comunicación.

Por su lado, el abogado Héctor López Rodríguez, representante de Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán, consideró desacertada la decisión porque “mete a todo el mundo en el mismo saco”.

ZOOM

Junto a los del caso Pulpo
Los imputados del caso Coral que cumplirán prisión preventiva en Najayo Hombres estarán en el mismo recinto carcelario que los siete del caso Pulpo, a quienes se les impuso la misma medida coercitiva.
Cercanos al expresidente
En ambos casos de presunta corrupción gubernamental son acusadas personas cercanas al expresidente Danilo Medina: su exjefe de seguridad presidencial en caso Coral y dos de sus hermanos en el caso Pulpo.
Respetar el debido proceso
En ambos casos, el Partido de la Liberación Dominicana, al que pertenece Medina, ha exigido que se respete el debido proceso.