La Seguridad Social registra 10.4 millones de afiliados que no están protegidos, ni educados para evitar que una parte significativa de ellos, enfermen o mueran. En República Dominicana, la administración del riesgo de salud no se implanta como se debe y puede.

17 ARS certificadas no logran que sus afiliados se mantengan saludables, sino que permiten que la gente se enferme, para luego rivalizar con médicos, hospitales y clínicas, por tratamientos que racionalicen el riesgo financiero de sus empresas. Pretenden imponer terapéuticas ahorrativas de los 91 mil millones de pesos anuales que reciben.

Eso no es administrar “riesgo de salud”, sino gestionar “terapéutica de enfermedades”.

En 2002, diseñé y apliqué con un equipo de SISALRIL el primer instrumento de evaluación de las ARS. Los resultados evidenciaron que estas empresas estaban repletas de contables, expertos actuariales, administradores, mercadólogos y analistas financieros. No poseían planificadores, médicos, epidemiólogos, enfermeras, ni trabajadores sociales. Sus gerentes sabían poco de atención primaria y mucho menos de factores de riesgos asociados a la salud.

Muchas ARS tampoco tenían patrimonio, sino que dependían de ciertos bancos. Cuando medimos el nivel de conocimiento en la Ley 87-01, los gerentes de las 71 ARS de entonces, acumulaban similares sapiencias que estudiantes de séptimo grado.

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Aunque República Dominicana legalizó sistemas de prepagos en salud, accidentes y daños laborables por más de 200 mil millones de pesos anuales, hoy no puede decirse que las ARS, ni las aseguradoras de vehículos, impulsen programas de preservar la salud.

Los resultados iniciales del diagnóstico Plandes 2030, indican pasos para que el país se dote de un sistema de atención primaria integral, concurrente con un plan maestro de prevención de accidentes.

Creemos suficiente el monto dispersado por régimen de financiamiento y afiliados para implantar certeros programas preventivos. Por su parte, las aseguradoras de vehículos cada año, ingresan activos por el orden de los RD$ 80 mil millones. Monto que tampoco consigue resultados, que no sea la acumulación originaria de capitales privados.

La salud como medio, escenario y fin del desarrollo es un bien social decisivo, para que dependa exclusivamente del mercado. Un cambio planificado se impone.

Hoy están dadas las condiciones para implantar con fondos del Seguro Familiar de Salud y las aseguradoras de movilidad, una estrategia pública-privada salvadora de vidas. Gobierno, ADARS y Cámara de Aseguradoras, debieran articular una alianza protectora de la salud de la población contra los riesgos de enfermedades y accidentes de tránsito.

El Plan Estratégico Nacional de Salud 2030 es el mejor espacio para cristalizar entre todos, un proyecto estructurante con resultados esperados de impacto.