La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) calificó hoy de sospechosa la venta a una empresa privada los terrenos del sector Los Tres Brazos, al tiempo de pedir, que se le explique cómo la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE decidió venderle a empresarios los terrenos por la pírrica suma de 80 millones de pesos, pudiendo venderle directamente a cada uno de los residentes allí que poseen mejoras que datan de 30 años, al mismo precio que le vendió el metro cuadrado a los que hoy le ofertan en venta a los residentes, como lo han hecho otras instituciones del Estado, conforme a la ley de reforma de las empresas estatales como el CEA y otras.

El presidente de la organización de la sociedad civil que vela por la transparencia, Julio César de la Rosa Tiburcio, dijo que mueve a suspicacia el hecho que un terreno perteneciente a la desaparecida Fabrica Dominicana de Calzados, FADOC, le haya sido entregada primero a la compañía Fernández Paraché y Asociados, Infepa, hace 6 años, por el irrisorio precio de 80 millones de pesos y que luego de constituirse la empresa de nombre Titulatec, esta le ofrezca en venta a los residentes allí el metro aproximadamente a 2,500 pesos, multiplicado por 910 mil 54 metros cuadrados, estarían recibiendo como ganancia más de 2 mil millones de pesos.

La venta de la parcela en donde se encuentra el referido sector, se produjo, en el año 2010 y la misma fue firmada por Leoncio Almánzar Objío, en representación de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, Corde, por lo que la organización ha solicitado la documentación que involucró la venta para verificar si se cumplieron con los procedimientos legales, sobretodo verificar cuales son los reales beneficiarios de esa adquisición, que no es exclusiva de Los Tres Brazos, ya que en otros sectores de todo el país se ha producido lo mismo.

ADOCCO, calificó de grave el hecho de que el presidente de la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados, Héctor Félix, afirmara que la cesión de Los Tres Brazos a la empresa privada no fue ratificado por el Congreso nacional como lo establece la constitución de la república, lo que deja automáticamente sin valor jurídico dicha transacción, “Si no pasó por el Congreso los títulos que se hayan obtenido son de manera irregular, porque no se ha cumplido el debido proceso”, dijo el legislador, indicando que cada contrato de terrenos del Estado que sobrepase los 200 salarios mínimos (unos RD$1.2 millones) deben tener el visto bueno del Poder Legislativo.