La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), planteó hoy al recién designado procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, sustituir a los fiscales titulares del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, tras indicar que éstos llevan cuatro años en el cargo.

Adocco explicó que el pedido se produce ante el descontento de algunos miembros del Ministerio Público que, luego de ser evaluados, han obtenido calificaciones que ameritan ser promovidos, «lo que a la fecha no se ha producido por la permanencia en sus puestos de los titulares».

Agregó que los actuales fiscales titulares también deben ser promovidos a procuradores de cortes y los procuradores de cortes que hayan sido evaluados y que obtengan buenas calificaciones, ser promovidos a procuradores generales adjuntos, «tal como lo establece el estatuto del Ministerio Público».

Cierre de clínicas. En otro orden, Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de Adocco, calificó de grave el proceso de allanamiento y cierre simultáneo de varias clínicas en el municipio de Santo Domingo Este, dispuesto por el Ministerio Público de esa demarcación, en el marco de las investigaciones por la desaparición de la niña Carla Massiel Cabrera, de 10 años de edad.

De la Rosa Tiburcio dijo que en ese proceso se evidencio la comisión de varios errores procesales que luego obligaron a las autoridades a reabrir los centros de salud, por el incumplimiento del debido proceso.

Agregó que esto ha sido una práctica recurrente de miembros del Ministerio Público, «que más que atacar el crimen con esas acciones lo favorecen, ya que los casos al llegar a la jurisdicción de juicio se caen, recayendo la responsabilidad en los jueces».

“Desde el punto de jurídico, un proceso que empieza mal termina mal. Ningún caso de investigación por delito debe ventilarse a la luz pública en la fase de investigación o preparatoria, porque la ley establece que es privado», dijo.

Resaltó que «en cualquier país, con un error de esa naturaleza en un proceso, es anulable, siendo esa una razón por la que la mayoría de los procesos se caen en los tribunales, por violar las disposiciones del Código de Procesal Penal y muestra de ello están los casos donde se encontraban ex funcionarios públicos, cuyos caso fueron llevados primero en la jurisdicción de los medios de comunicación y sin fundamentos en los tribunales ordinarios”.

Aclaró que en el caso de la desaparición de la niña Carla, «somos los primeros en exigir el esclarecimiento de que ocurrió con la menor y que los responsables paguen por ello».

Sin embargo, sostuvo «de ahí a cerrar establecimiento con ese aparataje, afectando los intereses de médicos que su única relación con esos centros es la de tener rentado un cubículo o consultorio y ni hablar de los empleados y accionistas que nada le vincula al caso, cuando el papel del Ministerio Público es la de representar a la sociedad y esos son ciudadanos a los que la autoridad le vulnera sus derechos».