NUEVA YORK.– El congresista Adriano Espaillat sostuvo un encuentro con inmigrantes de su distrito 13 proporcionándole un informe sobre su trabajo para asegurar que el Estatus de Protección Temporal (TPS) siga siendo viable después de la ratificación reciente por un juez federal.

“La semana pasada vimos como la administración del presidente Donald Trump trató de eliminar ese programa para forzar a personas a ser deportadas a su país de origen, como son El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, dijo Espaillat.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación del TPS, diciendo que este año millares de extranjeros que tienen la tarjeta serían repatriados a su país de origen.

El Congresista explicó durante una rueda de prensa el pasado jueves en su oficina, ubicada en el 163 W de la calle 125 en el sector de Harlem y en presencia de Ángela Fernández, directora de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes del Norte de Manhattan (NMCIR), que el juez dictaminó que la medida de la Casa Blanca era inconstitucional y discriminatoria.

Tanto el Congresista como Fernández explicaron los derechos y beneficios de los inmigrantes beneficiarios con el TPS.

“Una corte federal falló para asegurar que estos inmigrantes no estuvieran en peligro de ser deportados, y que todos los derechos y beneficios otorgados por el TPS, se les sigan ofreciendo”, explicó el congresista.

Por su parte, Fernández, experta en asuntos migratorios, exhortó a los beneficiarios cuyo TPS esté cerca de expirar, que acudan a un abogado especializado y registrado en inmigración; también pueden acudir a organizaciones como la nuestra o a cualquiera que esté en sus sectores y pedir ayuda para renovar”, añadió.

“En cuanto a Honduras, el Gobierno canceló y detuvo el TPS, pero hay un recurso en la corte federal de Boston, por lo que tenemos esperanza de que el juez allí haga lo mismo que el magistrado de California, rechazando la medida de Trump y ahora está siendo analizado por los jueces”, dijo Fernández.

Sostuvo que si hay un caso complicado pueden acudir a las oficinas del congresista que tiene un equipo legal para manejarlos.