El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos Sánchez, advirtió sobre el enorme daño que sufriría la economía y la clase trabajadora tras un posible desembolso del 30 por ciento de los fondos de pensiones planteado por su colega Pedro Botello.

El congresista manifestó que no se requiere ser especialista en economía para prever que el retiro anticipado de esos recursos, que se encuentran en certificados de inversiones, tendría un efecto inflacionario y generaría otras distorsiones a la economía nacional.

Recordó además, que economistas, expertos en materia laboral y empresarios, incluido el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, han advertido sobre lo perjudicial que sería el desembolso de esos fondos, incluso para los propios trabajadores.

Sánchez consideró que los fondos de pensiones han sido clave en el sostenimiento de la estabilidad económica en medio de actual pandemia del coronavirus.

Aunque reconoce el derecho que tienen quienes plantean el desembolso anticipado del 30 de los fondos de pensiones, considera que sería perjudicial para los trabajadores que verían tronchado el derecho a recibir una pensión adecuada al término de su vida laboral.

“Están en su derecho lo que han estado abogando porque se realice ese desembolso, pero entendemos que se debe tomar en consideración el impacto negativo que ese tendría en la economía, como han advertidos especialistas en la materia “, enfatizó el diputado Sánchez.

Aunque reconoce que la economía está recuperándose tras los efectos perjudiciales de la pandemia, aseguró que de concretarse el desembolsos del 30% de los fondos de pensiones, no solo estancaría ese proceso, sino que tendría un efecto inflacionario.

Planteó que en la actual coyuntura lo que más convendría a los trabajadores y demás entes del sistema, es propiciar una reforma integral a la Ley de la Seguridad Social, que incluya como elemento principal la ampliación del catálogo de servicios para afiliados y familiares directos.

Ese planteamiento también ha sido favorecido de manera pública por representantes del sector empresarial, sindical y de entidades ligadas al sector salud, quienes entienden que la Ley 87-01, requiere de actualización para adecuarla a los nuevos requerimientos.