La adenda del contrato entre el Estado dominicano y AERODOM, sigue siendo atacada brutalmente por la oposición, que ha denunciado supuestas irregularidades en su ejecución, amparados en una recién aprobada ley, que faculta a los funcionarios de entidades públicas con contratos de concesión, para que por vía administrativa y por un procedimiento no competitivo, puedan renovar o modificar dichos contratos.

Esto, porque luego de su aprobación, el presidente Luis Abinader anunciara la renegociación del contrato con la empresa encargada de operar los aeropuertos del país, que extendía su vida útil hasta el 2060.

Para el vocero del bloque de diputados del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez, esta ley permitió que el gobierno hiciera negocios de manera unilateral, evitando los controles del Congreso, para la aprobación de este tipo de acuerdos.

Diputado Luis Henriquez 2 — Luis Henríquez, vocero bloque de diputados PLD criticó la renegociación del contrato con AERODOM. ARCHIVO.

“Aquí existe mérito suficiente para que, si existe un Ministerio Público independiente… deberían estar llamando a los funcionarios que firmaron este contrato, para indagarles sobre esto”, denuncia Henríquez.

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Estas afirmaciones, están basadas en un documento presentado por el congresista, en el que la empresa INDRA, consultora del proyecto, afirma que “la estructura de económica de la concesión no está alineada con las mejores prácticas de la industria, encontrándose significativamente por encima”, según reza la nota enviada por el congresista.

Estas denuncias llegan luego de que el expresidente y candidato presidencial Leonel Fernández anunciara que estarán llevando el caso ante el TC, para que declare inconstitucional esta ley, afirmando que se trató de una medida que llama a suspicacia, por el adelanto de los fondos en tiempo de campaña.

Sin embargo, legisladores oficialistas afirman que esta la Constitución dominicana ofrece los mecanismos de a cualquier persona para que, si entiende que alguna ley es inconstitucional, lo denuncien, aunque entienden que lo que hizo el gobierno fue revisar el contrato, rubricado en 1999, por el entonces presidente Leonel Fernández, por “no ser lo más conveniente para la República Dominicana.

En ese sentido, el vocero de los diputados oficialistas, Julio Fulcar, afirma que “lo que no hubo ahora es lo que ocurría antes, cuando los proyectos llegaban y se aprobaban incluso, en muchas ocasiones, sin darle la oportunidad a la oposición, para que se refiriera a ello”.

“Fui testigo, de muchas iniciativas en el hemiciclo, en las que ni siquiera nos dejaron hablar”, afirma el diputado, al ser cuestionado sobre la legitimidad en la aprobación de la ley meses atrás.

Pese a las críticas, el presidente Luis Abinader anunció el pasado mes, que los recursos obtenidos en la renegociación del contrato, se utilizarían para la ejecución de obras importantes y necesarias para el país.