Abogado sometió instancia y deploró Danilo promulgara decreto a 23 días entregar el poder

El abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este, Miguel Valerio, depositó ayer una instancia ante la procuraduría anticorrupción, urgiéndole avanzar con la fase de investigación penal contra los 17 exfuncionarios que, violando múltiples normativas legales, otorgaron sin licitar la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro.

Refiere que hace casi un año depositaron dos denuncias en las que acusan a esos exfuncionarios de incurrir “en una cadena de irregularidades” a lo largo de todo el proceso de aprobación de la obra.

Indica que aprobaron los procedimientos para la construcción de la terminal otorgada “grado a grado” a fin de favorecer a un grupo económico.

“La aprobación de ese aeropuerto por parte de las pasadas autoridades es sencillamente injustificable a la luz de las leyes, y lo que presumimos y es muy obvio, es que hubo corrupción por parte de varios funcionarios del pasado gobierno”, dijo el abogado tras hacer el depósito en la Pepca.

Consideró que por prudencia el presidente Danilo Medina no debió promulgar el decreto 270-20 en el período de transición, faltándole tan solo 23 días para salir del poder, “comprometiendo a futuro y, por más de una década, los recursos del Estado”.

Irregularidades. Explicó que “la primera distorsión en todo el entramado de irregularidades” se cometió en la Comisión Aeroportuaria cuando aprobaron mediante resolución 6796 del 23 de enero de 2020 una “no objeción” sin tener las competencias debidas para el desarrollo, construcción, operación y explotación económica del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro.

Agregó que posterior el Instituto Dominicano de Aviación Civil (Idac) emitió un informe de “No objeción” en un tiempo récord de tres días, “sin estudios técnicos requeridos por la ley, así como por la Organización de la Aviación Civil Internacional (Oaci), solo basado en documentos por la parte interesada, el Grupo Abrisa, según consta en la página 3 del mismo informe”.

Valerio señaló como otra irregularidad el hecho de que uno de los funcionarios, luego de haber sido parte en esa Comisión Aeroportuaria donde se aprobó ese proyecto, en su condición de coordinador Nacional del Usoap y director de Vigilancia de la Seguridad Operacional del Idac, instruyó para que se aprobara el proyecto ante la Dirección de Navegación, convirtiéndose así en juez y parte.

Resaltó que la violaciones a los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico fueron tan evidentes que “el propio Idac lo reconoció cuando le revocó el permiso y ordenó paralizar su construcción del aeropuerto declarándolo “lesivo para el interés público”.

Dijo que solicitó a la Pepca investigar a esas personas por la supuesta comisión de los delitos de “coalición de funcionarios, prevaricación, usurpación de funciones, atentado a la Constitución” y otros sancionados por el Código Penal. También por otorgar bajo una figura no contemplada, de conformidad y no objeción, sin licitación previa.

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Las violaciones
El abogado Miguel Valerio informó que solicitó a la Pepca investigar a esas personas por la supuesta comisión de los delitos de “coalición de funcionarios, prevaricación, usurpación de funciones, atentado a la Constitución” y otros sancionados por el Código Penal. También por otorgar bajo una figura no contemplada, de conformidad y no objeción, sin licitación previa y promover e incitar al Poder Ejecutivo a cometer un acto ilícito con relación a la construcción del aeropuerto en Bávaro.