En el primer centenario de su existencia, la Junta Central Electoral lidia con las contradicciones que parcelan el sistema partidario en el que siempre aparecen renuencias a innovaciones para perfeccionar la captación idónea de la voluntad popular.
La unificación de criterios es harto difícil. Por respeto a la democracia y a la transparencia, la renovación de normas comiciales debe pasar por filtros del espectro político en el que aparece la resistencia de unos u otros. A duras penas se logró, ya en el tránsito legislativo, ensanchar facultades del ente organizador de elecciones para asegurar la equidad de los procesos y sustraerlos de los riesgos que tienden a crear las agendas de candidaturas que en el pasado escaparon a fiscalización y restricciones de financiamiento.
Todavía es posible gastar el dinero a manos llenas, recurso llamado entonces a jugar roles decisivos para lograr adhesiones y ante los ojos del país se ha visto triunfar en urnas algunos significativos patrocinios de la plata en sustitución de los debates con ofertas de ejecutorias y demostraciones de capacidad para ejercer honestamente funciones legislativas y municipales, sobre todo.
Es fama que los niveles de inversión para competir por cargos electivos de representación y competencia regionales han ido quedando muy por encima de las remuneraciones que en cuatro años generan las posiciones conquistadas. La «recuperación de capitales» se buscaría entonces por otras vías no depuradas y dudosas.