Un agente apuntó con un arma a un hijo de 9 años del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, durante el allanamiento a la residencia del exfuncionario el pasado miércoles en la noche.

Así lo denunció Laura Acosta, la abogada de Beras, quien dijo también que además del menor, supuestamente el agente apuntó a la madre del exdirector del Intrant. Luego, se generó un intercambio de palabras por la presunta acción, que terminó luego de la intervención de uno de los fiscales.

Durante el allanamiento, la togada había criticado que el Ministerio Público no le haya permito el acceso a la residencia de su defendido; una acción que contradice la Constitución dominicana.

Dice el documento que ordena su arresto a Beras dice que, «como principal autoridad ejecutiva del Intrant entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, Beras Goico dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas. Fue clave en la integración de nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado».

La instrumentación judicial detalla que «los funcionarios del Intrant, hasta ahora identificados, que se involucraron en esta red de corrupción (además de Hugo Beras), son Ramírez, director ejecutivo del desde el 15 de agosto de 2022 – 13 de noviembre de 2023; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de despacho y representante del director ejecutivo en el comité de compras; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de tecnología de la información y comunicaciones y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero».

Añade que «estos funcionarios se asociaron con José Ángel Gómez Canaán, alias Jochy, Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas, y la empresa Transcore Latam S.R.L. para estafar al Estado. A estos fines manipularon el proceso de licitación pública núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, adjudicándose contratos por mil 317 millones 350 mil 997 pesos. Además, Transcore Latam S.R.L., controlada por José Ángel ‘Jochi’ Gómez Canaán, obtuvo el manejo del sistema de semáforos y videovigilancia del Gran Santo Domingo, que fue integrado en un centro de monitoreo de la empresa AURIX S.A.S., también propiedad de Gómez Canaán».

El presunto esquema de corrupción incluyó, dice el Ministerio Público, la movilización del dinero recibido por Transcore Latam a través de un esquema de lavado de activos, que implicaba transferencias a las cuentas de INPROSOL S.R.L., a Carlos José Peguero Vargas, Aquiles Jiménez y otras personas bajo investigación.